Estatuto cruceño dará paso a la elección del vicegobernador

El estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz está constitucionalizado. Su aplicación se notará con mayor fuerza en las próximas elecciones subnacionales cuando se vote por primera vez la elección de vicegobernador o vicegobernadora.

Los defensores señalan que el documento representa una de las luchas y conquistas cruceñas, como fueron las regalías del 11 %, la elección de alcalde, de prefecto, la descentralización y la lucha autonómica. 

En la otra vereda están las voces críticas que creen que fue adecuado a la Constitución Política del Estado de 2009, por la que la mayoría del pueblo cruceño dijo No, por lo que consideran que en el camino perdió la esencia original por  la que el pueblo luchó y aprobó a través de un referéndum.

En el documento se destaca que por su vocación autonómica los habitantes del departamento de Santa Cruz se dotan del Estatuto, como expresión de la voluntad democrática de su pueblo, y de seguir fortaleciendo la unidad del Estado boliviano. Se destaca el Referéndum Vinculante a la Asamblea Constituyente para el establecimiento de autonomías departamentales llevado a cabo el 2 de julio de 2006, en el que el departamento obtuvo el 71% de votos favorables, y el mandato del Cabildo del Millón del 15 de diciembre de 2006, ratificado por voluntad soberana del 86% de la población cruceña en el referéndum por el Estatuto Autonómico realizado el 4 de mayo de 2008.

En el artículo 18 del estatuto, que espera ser promulgado por el gobernador, Rubén Costas, contempla la figura del vicegobernador o vicegobernadora, que suplirá a la primera autoridad, con lo que se acabará el reemplazo que hasta ahora salía de la Asamblea Legislativa Departamental.

En la disposición transitoria establece que el gobernador, por esta única vez, nombrará a la vicegobernadora o vicegobernador para el resto del periodo constitucional 2015-2020, quien asumirá sus funciones en la forma prevista en este Estatuto, excepto la sustitución definitiva.
En el caso de los subgobernadores, no pueden elegirse por voto popular directo porque una sentencia constitucional estableció que esa es una atribución del gobernador; por eso serán designados por la primera autoridad del departamento, sin que esto signifique la renuncia a la aspiración autonómica democrática del pueblo cruceño de ser elegidos mediante voto popular. Según el constitucionalista José Luis Santistevan, permitirá hacer lo mismo que se hizo con los prefectos  cuando el pueblo votó, pero el presidente les tomó juramento.

Las adaptaciones
El constitucionalista Santistevan resalta que el primer documento contemplaba 168 artículos y siete disposiciones transitorias, y que fue aprobado mediante referéndum, estaba  basado en la Constitución de 1967; por lo que obligatoriamente se tuvo que adecuar a la nueva Constitución Política del Estado de 2009.

El texto ingresó a revisión al TCP con 149 artículos, de los cuales 88 fueron reconocidos como compatibles, 49 parcialmente compatibles y 12 incompatibles. Finalmente el texto quedó con 133 artículos, una disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.
Santistevan explica que para adecuarlo se tuvo que quitar y cambiar artículos referidos al modelo económico, que antes contemplaba superintendentes, el régimen electoral, de tierras; y otras cuestiones sobre minas. Lo mismo con lo referido al sistema judicial. 

De igual manera tuvo que modificarse la elección y periodo de gobierno, que en el primer documento establecía que el gobernador es elegido por un periodo de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez en periodos discontinuos (Art. 28 del primer documento). Esto tuvo que modificarse, indicando que puede ser reelecto de manera continua por una sola vez” (Art. 24), tal como lo establece la Constitución.
También se tuvo que incluir al pueblo yuracaré-mojeño, porque solo estaba el mojeño. En 2011, el asambleísta Alcides Villagómez  fue encarcelado por no tomar posesión al curul Yuracaré-Mojeño.

Las voces críticas
El exalcalde Sergio Antelo cuestiona que el documento constitucionalizado no recoge el sentimiento de la lucha cruceña, “porque  ha sido una imposición del Gobierno central. Es  un documento que no representa de ninguna manera el sentir de nosotros los que elaboramos en su momento la tesis autonomista. Tampoco sirve para mucho, porque no adelanta el implementar un documento, aparentemente autonómico, si no se le asignan los recursos correspondientes”.   

A su vez el expresidente cívico Carlos Dabdoub señala que si se compara el estatuto aprobado en 2008, hay una gran diferencia. “En consecuencia, el éxito no ha sido total. Apenas se dio un paso en el proceso autonomista, que si bien es importante, pero no refleja el verdadero sentimiento del pueblo expresado en el referéndum”.  

Resalta que el proceso será largo y difícil, “pues nos enfrentamos a un dinosaurio centralista que se quiere comer todo, que usa todos los instrumentos del poder sin desparpajo alguno para no compartirlo entre los gobiernos subnacionales.

Basta ver la clasificación de las competencias en el texto constitucional, donde el nivel central contiene 83, lo que pone en evidencia un espíritu superconcentrador de un estado que se jacta de definirse como autonómico. ¿Qué pasos a seguir o reivindicar? Primero, alcanzar un pacto fiscal justo y coherente que permita ejecutar las competencias otorgadas a las gobernaciones. Segundo, que las gobernaciones asuman todas sus competencias que le otorga la Constitución, una vez que reciban los recursos financieros correspondientes y, finalmente, una reforma parcial de la Constitución para establecer una autonomía plena y de verdad, sin retazos que otorgue el centralismo político”.

A criterio del ex presidente cívico, Germán Antelo, el estatuto adecuado está hecho a la imagen de la actual Constitución, por lo tanto no es el aprobado en 2008. “Es otro, que fue hecho por la Asamblea, adecuado a la CPE que los cruceños le dijeron No. Lógicamente no es el mismo y no nos va a permitir avanzar el proceso autonómico, peor si no hay voluntad política para hacerlo”.

Lamenta que tampoco haya habido una comprensión real de que el proceso descentralizador con capacidad legislativa se lo ha tenido desde la implementación de la Constitución de 2009. “No depende de que tengamos o no estatuto para avanzar, sino en la voluntad política de los legisladores departamentales y municipales para que se inicie un proceso de ‘rebelión autonómica’, donde todos comiencen a legislar sobre sus competencias, a hacer un estudio serio de los gastos para cada una de ellas, y generar conciencia ciudadana; entonces no habría Gobierno que resista, porque sería la expresión popular desde las instancias, avalado por la CPE”. 

Los defensores

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marco Mejía, manifestó su satisfacción por la constitucionalización del estatuto, porque considera que es el resultado de una construcción participativa y democrática y una norma que fue elaborada desde Santa Cruz por verdaderos autonomistas y que, además, uno de los avances que permite la autonomía es que desde la Asamblea Legislativa Departamental se pueden emitir leyes en favor de los cruceños. “El siguiente paso es seguir con lo que algunos denominan la autonomía económica, que es generar la redistribución de los recursos manejados por el Estado central”, apuntó.

Respondiendo a las críticas, señala que los dos documentos, tanto el de 2008 como el constitucionalizado, tienen un denominador común que son las aspiraciones del pueblo cruceño para que sus necesidades sean atendidas de la mejor manera y de una forma más cercana por su gobierno departamental.

A su criterio hay  que tomar  en cuenta que han sido elaborados en contextos históricos y políticos  diferentes.

El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, resalta que el reconocimiento del estatuto por las instituciones del Estado, en este caso por el Tribunal Constitucional, era una primera aspiración del pueblo cruceño, porque el camino autonómico se gestó desde la movilización ciudadana, de la determinación cívica, de la audacia política y desde la colaboración intelectual que permitió plantear una visión nueva de un estado descentralizado autonómico, dentro del Estado de derecho y de las normas.

Cree que con esto se culmina una etapa dura, de mucha confrontación y resistencia del centralismo. 

También responde a los cuestionamientos, pero reconoce que la adecuación ha servido para mejorar algunos temas, pero también para dejar de lado otras aspiraciones que se tenían en el primer documento, como el tema de la justicia, que se aspiraba a más competencias; así como en tierras y en materia electoral. Entre las incorporaciones destaca el pacto fiscal como una garantía de sostenibilidad de la autonomía departamental.

Dijo que estas críticas han salido particularmente de dos excandidatos a gobernadores de Santa Cruz, haciendo alusión al Germán Antelo y al constitucionalista Juan Carlos Urenda, este último hizo conocer su criterio en su cuenta de Facebook, donde tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional escribió:  “El Estatuto aprobado por el TCP no es por el que votó SCZ, es uno definido por el tristemente célebre TCP, centralista y anodino, similar a los que aprobó para Pando y Tarija, que no han servido para nada”.

“Este estatuto no es distinto al de 2008, guarda la esencia, tiene el mismo aroma de lucha, es hecho por autonomistas, mejora algunos aspectos, y es cierto que se han perdido algunas competencias que planteaba, pero lo deja como aspiraciones para seguir luchando”, resaltó. 

El liderazgo

Dabdoub resalta que desde mediados del siglo pasado Santa Cruz es el que marca la agenda de los principales acontecimientos que han influido en el destino del país. En todos estos hitos el gobierno nacional siempre siguió un hilo conductor, el tildar a los cruceños de separatistas, una vieja muletilla de los centralistas. Primero fue la lucha por las regalías de petróleo que han permitido en el tiempo aprovechar del IDH, un ingreso importante para las gobernaciones, municipios y universidades estatales en todo el país. Luego vendrían otros hechos.

En 1982 el Comité pro Santa Cruz fue la punta de lanza para recuperar la democracia y luego liderar la democratización de los gobiernos locales. La participación popular fue otro aporte de intelectuales cruceños para fortalecer la autonomía municipal en Bolivia. Finalmente, otro logro de la lucha cruceña ha sido la inserción de las autonomías en el texto constitucional, además de despertar un espíritu autonomista en la comunidad boliviana. Por ello, concluye, la lucha autonómica es como la motocicleta, “no tiene retro”.  

El ex presidente cívico Germán Antelo destaca que el proceso autonómico es una lucha que lideró Santa Cruz, así como lo hizo con tres grandes ingresos para las regiones, como fue con las regalías del 11%,  la Ley de Participación Popular,  el Impuesto Directo a los Hidrocarburos sea coparticipable y llegue a las regiones y ahora encara la lucha por el pacto fiscal, “porque si no hay pacto fiscal que descentralice recursos para implementar las competencias, no puede haber autonomías”, enfatiza.