Solamente las dictaduras amplían arbitrariamente sus períodos de gobierno, obedeciendo a sus conveniencias e intereses, aunque de alguna manera logren hacerlo por la vía electoral, utilizando variedad de recursos forzados e ilícitos desde el poder que todavía ejercen.

En Bolivia se está confrontando una situación de esta índole. Evo Morales fue elegido el 6 de diciembre de 2005 y después se efectuó una reforma constitucional a los períodos de gobierno. Hasta entonces el periodo gubernamental era de cuatro años.

Al haberse acordado la reforma de la Constitución en 2009, Morales cumple actualmente la gestión legal de cinco años, que debe contabilizarse desde 2014 hasta el 22 de enero de 2020.

Ante la perspectiva de que Morales cumpla su mandato legal el 2020 y luego proyecte repostularse para otro periodo similar, generaría una situación de conflicto a nivel nacional, porque explícitamente estaría violando la norma constitucional vigente.

Con la primigenia condición de ejercer legalmente la más alta función administrativa del país, desempeñando la Presidencia de la República, se adquiere el compromiso de acatar sus previsiones legales, de lo contrario se atenta contra ellas.

En esta eventualidad, al pretender una nueva reelección en 2020, Morales se colocaría al margen de la ley. En la perspectiva de que opte por mantenerse en el ejercicio del poder en forma ilegítima, más allá del 2020, sin elecciones previas, pasaría concretamente a ejercer una dictadura.

Cuando la Constitución determina la duración que debe tener una gestión de Gobierno, lo correcto es utilizar ese lapso para cumplir los planes que se tiene para servir al país. Además, si se gana una elección, los deseos personales se tornan en compromiso e inclusive en la obligación de realizarlos.

Al mismo tiempo, se debe tener conciencia de que solamente se tiene un período de gestión para cumplirlos. Las obras que se previó ejecutar deben constituirse en realizaciones plenas. Pero si a un Gobierno el tiempo le resultó insuficiente, es bastante con que las hubiera realizado hasta donde le alcanzó el tiempo y dejarlas como están para que el próximo Gobierno las concluya.

No se ejerce la Presidencia para solamente satisfacer el ego personal, sino que se proyecta con el ánimo de compartirlas en caso de que las obras proyectadas requieran más tiempo de lo previsto. La cuestión es servir al país hasta donde se pueda y si acaso demandan más tiempo, transferirlas al sucesor, en el entendido de que se trata de llevar adelante una obra que es demandada por la necesidad nacional.