A propósito del tema y luego del pronunciamiento de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos por separado, que pidieron al Gobierno de Bolivia "respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y el voto soberano", la reacción oficial no se dejó esperar, como era lógico, y el canciller del país, rechazó tales apreciaciones y las consideró como "intervenciones" de otros países en asuntos internos del nuestro. 

Hay que recordar que en pasados días, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió al Gobierno de Bolivia mediante un comunicado "el respeto a la Constitución Política del Estado y a la voluntad popular", así directamente, añadiendo en tal apreciación que "EE.UU. apoya una democracia saludable en Bolivia que respete su CPE", mensaje que fue propalado oficialmente y que provocó una respuesta de carácter oficial, con un rechazo vehemente contra la denominada "intervención", que altera las relaciones diplomáticas aún muy frágiles, luego de otros hechos que han ocasionado heridas que todavía no sanan.

La Unión Europea (UE) a través de su portavoz para Asuntos Externos, alertó que "en Bolivia no se conduce a elecciones en condiciones justas y equilibradas", tomando en cuenta posiciones de organismos y políticos que denunciaron algunas acciones irregulares en el organismo electoral, que ponen en riesgo la vigencia del sistema democrático nacional. A estas decisiones de política externa en EE.UU., el caso de la UE, se suma también el pronunciamiento de 20 ex presidentes del grupo IDEA, señalando sentida preocupación por algunos hechos que mostrarían un retroceso de la democracia boliviana. Una coincidencia de hechos que en cuestión de los pasados días han generado una marcada preocupación en niveles internos, tanto del oficialismo como en la oposición.

Es evidente que cualquier insinuación sobre asuntos de política interna y que sean manifestados en circunstancias especiales desde países u organizaciones contra esquemas de vecinos o de otras latitudes, pero que específicamente involucran a ciertos gobiernos y sistemas, no pueden menos que ser rechazados pues se trata más que una intervención de una indebida injerencia que no corresponde ni siquiera al orden diplomático.

Hay que reconocer que las malas costumbres, las acciones atrabiliarias que se adoptan como elementos oficiales, que no lo son y se apoyan condiciones extremas, como sucede con un reducido número de países hacia el régimen que impera en otro país, el caso de Venezuela, provoca justas reacciones de conglomerados sociales que están en desacuerdo cuando se los involucra en apoyos que siendo gubernamentales, no representan la voluntad de un pueblo, que lamenta los hechos y quisiera que un país amigo recupere sus derechos y libertades en un verdadero marco de justicia y democracia.

Lo que debe evitarse es comprometer la seriedad del país en posiciones reñidas con nuestros principios y que por su práctica inconsulta pueden llevar a un peligroso aislamiento diplomático y comercial que nos afectaría seriamente.