En los bastiones históricos del MAS, la vida por estos días discurre tranquila, ajena a las convulsiones políticas que sacuden a las ciudades, en contra de la cuarta postulación del binomio oficialista. En Chapare, tierra de cocaleros, los casi 13 años en el poder del instrumento político que forjaron a través de sus luchas y a costo de sus vidas, les aseguró un periodo de estabilidad económica en medio de crisis políticas que afloraron en el resto del país, que permitió un crecimiento del comercio, turismo, producción y que sus hijos caminen con un título bajo el brazo, luego de pasar por las aulas universitarias.

Pero bajo ese manto de aparente calma y consenso que emana del indiscutible liderazgo que impone el control de un solo partido y la omnipresencia de la vigilancia sindical, se esconde un sentimiento de inconformidad y molestia por ese sistema que cada vez que quiere los obliga a reagruparse, a marchar, guardar vigilia o dispersarse, bajo penas que se pagan con multas, en los casos más leves, o la expulsión ante la disidencia.

Esto último es el precio que paga Limber Condo Durán, concejal de la agrupación Unidos por Cochabamba (Unico), en Shinahota, y coordinador del Bloque Trópico Proyecto País, una organización presente en los cinco municipios de Chapare, que articula a sectores inconformes al MAS, con una propuesta a escala nacional. De estatura baja, tez morena, y hablar pausado, este cocalero formado en Filosofía y Letras, en la Universidad Católica de Cochabamba (UCB), estuvo bajo amenaza de destierro en 2015; fue expulsado de su federación, y a punto de perder su cato de coca. Denunció también la discriminación en contra de la concejal suplente Elizabeth Carballo Choque, en ambos casos, por pertenecer a una sigla opositora que logró casi un 40% de los más de 12.000 votos.

“El MAS no acepta vivir en democracia. Hubo varias resoluciones de la Coordinadora (de federaciones cocaleras) de erradicar nuestro cato. Nuestros compañeros de la Central 12 de Agosto, el padre de la concejal (Carballo), sufrieron persecución y discriminación”, recapituló el concejal opositor, que dice que este amedrentamiento continúa.

“Es una práctica cotidiana, de lo que hemos llamado terrorismo político sindical; se inventaron procesos, incluso la Policía investigaba nuestras reuniones por supuesta organización delictuosa”, lamentó. Para contrastar, EL DEBER intentó comunicarse con la ejecutiva de la Coordinadora de Mujeres de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Margarita Terán, pero no se encontraba en su sede, y no atendió las consultas por teléfono. Por su parte, la alcaldesa de Shinahota, Matilde Campos Arnez (MAS), negó conocer algún tipo de “discriminación” en contra de estos concejales, pero añadió que si sufren un acoso social, “es porque se lo han buscado”.

“No me voy a ocupar de lo que hacen o no hacen; tengo roles que cumplir ante las organizaciones sociales”, expresó Campos. Sobre el voto opositor que logró curules en su municipio, añadió que “la gente debe saber por qué lo hizo”, pero argumentó que la oposición solo busca generar confrontación. Shinahota tiene siete concejales, de los que dos son de Unico, fundado por la disidente Rebeca Delgado, aspirante a la Alcaldía de Cercado, finalmente inhabilitada.

Similar situación se vive en Entre Ríos, en la que con 19.202 votantes habilitados, el frente Unico logró casi 8.000 votos, es decir, cerca de un 40%. El concejal Óscar Colque Ibarra, bió- logo de profesión, y uno de los dos concejales del frente Unico, que rompió la hegemonía del MAS en la zona, atribuye el voto opositor a la gran cantidad de habitantes que no vive de la coca, son comerciantes preocupados por la falta de obras, y que no están sometidos a los designios de los sindicatos.

Colque explica que los recursos municipales se van en obras ‘pequeñas’ como puentes o accesos para comunidades. Mientras que en el área urbana, el Gobierno hace obras priorizando el cemento, como es el caso del futuro estadio de Bs 20 millones (ver foto), en lugar de mejorar el hospital municipal. Hijo de cocaleros, Colque cuenta que en tiempo de elecciones, quisieron tomar represalias contra sus padres quitándoles el cato de coca y amenazando con expulsarlos. “Algunos hablaban de saquear la tienda de mis padres”, dijo.

Sobre las obras, el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas López (MAS), se negó a responder a EL DEBER argumentando que ‘no tenía tiempo’. Por su parte, el ejecutivo de la Federación Agropecuaria Intercultural Mamoré - Bulo Bulo, Adrónico Rodríguez, negó que haya agresión en contra de los ‘disidentes’, y dijo que puede haber un rechazo espontáneo por parte de los afiliados, que sienten que “un insulto contra Evo Morales es contra ellos mismos”.