La decisión del Tribunal Electoral boliviano, la semana pasada, de dar luz verde al binomio oficialista para participar en las elecciones primarias de enero y, en consecuencia, habilitar a Evo Morales para optar por una cuarta reelección continua, ha sido respondida con protestas ciudadanas en redes sociales y en las calles, que adelantan no solo una campaña electoral fogosa y agresiva sino mediada por la violencia, como ya se vivió en otros países de la región.

El más reciente de estos hechos sucedió el martes 11, una semana después del veredicto del órgano electoral, cuando una marcha de universitarios de Santa Cruz de la Sierra terminó con la quema  de las oficinas del Tribunal Electoral de esa ciudad en el oriente del país. El oficialismo condenó la violencia y la oposición responsabilizó de este exceso a infiltrados del Gobierno.

Esta marcha estuvo antecedida por un paro cívico en varias ciudades del país el jueves 6, donde también hubo roces e incluso peleas entre ciudadanos en las calles, en un país donde se ha vuelto todo un desafío sostener una conversación en una mesa familiar donde hay posiciones políticas enfrentadas.

A ello se suman las amenazas y contra amenazas de procesos penales e incluso el cerco de ciudades, como advirtieron dirigentes vinculados al partido oficialista MAS contra las personas que se movilicen y opongan a esta nueva y cuarta postulación de Evo Morales, que está en el cargo desde el 22 de enero de 2006, y durante tres periodos continuos, lo que lo convierte en el presidente que más tiempo gobernó Bolivia.

Fue el propio Morales y su partido los que convocaron el 21 de febrero de 2016 a un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución, aprobada por él mismo en 2009, y que ordena solo una reelección continua y un periodo presidencial de cinco años. Lo hicieron precisamente con el fin de constitucionalizar la repostulación y abrir las puertas a un cuarto mandato para el periodo 2020-2025.