Conforme las investigaciones fueron avanzando, se desvelaron los entretelones de un nuevo episodio político con el sello de una derecha que optó por la presión y la violencia para intentar bloquear la candidatura a una eventual reelección —que está en manos del pueblo— del presidente Evo Morales.

El 6 de diciembre último, Suleydi Estívariz perdió la vida mientras intentaba defender a otra comerciante como ella y cuyo negocio amenazaban con saquear facinerosos, devenidos en activistas políticos, si no se sumaba al ‘paro cínico’ que, huérfano de apoyo popular, naufragó estrepitosamente. La Policía ya identificó a los presuntos autores de la muerte de la comerciante riberalteña.

Ese mismo día en La Paz, otro grupo de vándalos del 21F pretendió tomar violentamente las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para lograr su objetivo, camuflados en ‘plataformas ciudadanas’, atacaron con piedras, palos y otros objetos contundentes a los policías que custodiaban el edificio.

Su intención era obvia: esperaban provocar una dura reacción de las fuerzas de seguridad que deje heridos e incluso alguna víctima fatal en sus filas. Su ‘esfuerzo’ fue vano, aunque no el de la Policía que este fin de semana informó que cinco de los violentos ya fueron identificados.

El 11 de diciembre, una marcha protagonizada por universitarios en Santa Cruz derivó en un feroz ataque contra las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED), del Servicio de Registro Cívico (Serecí) y de Entel.

Los violentos, algunos encapuchados, no sólo lanzaron piedras, objetos contundentes y petardos en contra del edificio, sino que también iniciaron un incendio cuyas llamas, alimentadas por químicos inflamables, consumieron el edificio y causaron daños irreparables por más de seis millones de dólares.

Hasta este fin de semana, quienes lideraron el ataque al edificio del TED y del Serecí habían sido identificados. Cuatro de ellos ya fueron sentenciados, hay dos detenidos preventivamente y otros permanecen prófugos.

Ahora bien, sería ingenuo creer que la muerte de Suleydi en Riberalta, el violento intento de toma del TSE en La Paz, la quema de las instalaciones del TED y del Serecí en Santa Cruz fueron actos ‘en defensa de la democracia’.

La democracia no se la defiende con ‘pacíficas movilizaciones ciudadanas’ que atentan contra la vida de las personas, destruyen la propiedad pública y son parte de una estrategia política desestabilizadora, planificada y financiada por la derecha reaccionaria de la oposición política.

Las y los bolivianos fuimos testigos de acciones vandálicas de una oposición cavernaria que intenta convencer al pueblo que ‘defiende la democracia’, que lucha contra una ‘dictadura’ que supuestamente quiere perpetuarse en el poder y reivindica los derechos humanos. Craso error de quienes mediante la violencia pretenden tomar el poder para administrar el Estado.

La derecha reaccionaria anda obnubilada por la prepotencia, la arrogancia y el autoritarismo, por eso instrumentaliza el discurso de ‘defensa de la democracia’ para atentar contra ella y ‘lucha’ contra la ‘dictadura’ de Evo para —en caso de llegar al poder— instalar un régimen cimentado en la fuerza y el revanchismo político.

Las acciones vandálicas y la destrucción de la propiedad pública desnudan a una oposición que hace tiempo perdió —si alguna vez lo tuvo— su norte político, que asume acciones violentas que no tienen cabida en la democracia boliviana y que se nutre de la demagogia y de la mentira ante su falta de propuestas políticas que le den certidumbre al pueblo.

Una oposición perdida en sus propias contradicciones, en lugar de plantear civilizadamente sus divergencias políticas e ideológicas con el gobierno de Evo —propias de una sociedad democrática—, apuesta a generar violencia en las calles, sembrar odio entre las y los bolivianos y proferir injurias, insultos y mentiras en contra del adversario político.

Sin embargo, la democracia cuenta con sus propios mecanismos de defensa de su institucionalidad, por lo que los autores, cómplices y encubridores de las acciones violentas deben rendir cuentas ante la justicia y resarcir al Estado, hasta el último centavo, el coste de los daños materiales ocasionados.

El Estado de derecho no puede ni debe tolerar que esta clase de políticos, que no construyen sino que destruyen, violen impunemente la institucionalidad democrática boliviana.