En los días siguientes, mientras personas y líderes de opinión llenaban las redes sociales virtuales con mensajes que aludían a una temeraria operación de propaganda del Gobierno, que había puesto a sus “infiltrados” para provocar destrozos no solo en la sede departamental del cuarto poder del Estado, sino también en la oficina regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y de la telefónica estatal Entel, y así culpar a los movimientos cívicos cruceños, la investigación a cargo de la Policía y el Ministerio de Gobierno demostró otra cosa.

A los pocos días del ataque, el Ministro de Gobierno apareció en conferencia de prensa reconociendo que los destrozos no habían sido protagonizados por los docentes y estudiantes de la universidad pública cruceña que se habían movilizado aquella tarde contra la repostulación del Presidente y el Vicepresidente, sino por personas vinculadas con el movimiento cívico cruceño y su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista.

Costó mucho convencer a la opinión cruceña de lo afirmado, sobre todo porque la confianza en las instituciones estatales está minada de tal manera que nada que emerja de ellas parece creíble, mucho más en contextos como el que se está desarrollando en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, en los siguientes días no solo se identificó con fotografía, nombre y apellido a los agresores, sino que además éstos decidieron declararse culpables y acogerse al proceso abreviado, cuyo efecto es obtener sentencias favorables.

El abogado de uno de los agresores, concejal del municipio La Guardia, ha señalado que tal decisión responde al criterio que, siendo un “juicio político”, la mejor manera de evitarse la sentencia es reconocer la culpa y obtener una sanción que les permitirá pasar menos tiempo en el penal. Preocupante práctica la de un abogado que creyendo inocente a su defendido le aconseja declararse culpable; pues incluso si esto fuera cierto, da cuenta de una abierta manipulación de la verdad en favor de intereses políticos que solo alejan a la Justicia.

Es, pues, difícil creer en algo o en alguien en torno al caso del ataque al TED cruceño, pero está claro que los ahora acusados y la “institucionalidad” que los acoge o han sido infiltrados en sus más altas cúpulas o están dispuestos a circular las más penosas mentiras con tal de mantener el estado de desinformación, tan caro a cualquier proyecto político poco transparente.