En este aparente laberinto del horizonte político boliviano provocado, en parte, por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y en parte como derivación, no esperada por el oficialismo, de las políticas adoptadas por el gobierno, puede encontrarse, sin embargo, un cierto orden. Para ello veremos la situación, por una parte, desde el ángulo del Estado y por otra, desde el lado de la sociedad. Se entiende que, como fondo de todo este cuadro tenemos la ilusa pretensión del gobierno de instaurar la dictadura Evo Morales – Alvaro García; ilusa porque, como se verá, todos los factores estratégicos de esta sociedad le han cerrado el paso, ya desde el referéndum del 21 de febrero del 2016. 

Desarrollemos la idea global. La desinstitucionalización del país que provocó el gobierno tuvo la finalidad, por supuesto, de disponer de las instituciones del Estado para un objetivo particular, como es el proyecto personalísimo que impulsa el MAS. En este orden, la toma, de hecho, de los tribunales constitucional y electoral, de la Fiscalía, del comando general de la policía, por militantes abiertos o encubiertos del partido de gobierno, debía servir para constituir los mecanismos de control a la sociedad, a fin de disciplinarla y predisponerla para el siguiente paso, previsto en la estrategia masista. La persecución a opositores políticos y/o a ciudadanos críticos al gobierno, el asalto a las organizaciones sindicales, la corrupción de dirigentes sociales vía prebenda, la judicialización de la protesta social, fueron el rédito pasajero que cosechó el gobierno. 

El barniz legal a esta situación lo proporcionó el Poder Legislativo. La amplia mayoría de la que dispone el MAS en este órgano, bastó para que, a las órdenes del Palacio de gobierno, los parlamentarios del oficialismo levantaran la mano, por mero trámite, para aprobar lo que se les instruía, con sólo cruzar la plaza Murillo. En realidad éste fue un barniz muy importante al principio, porque proporcionaba al proyecto dictatorial en ciernes, una apariencia de legitimidad legal. Sin embargo … . 

Todos estos actos corresponden a lo que podemos llamar la potestad estatal; en esta parte entenderemos al Estado en sentido restringido, o sea como Estado político, aparato estatal o específicamente, como administradores temporales del Estado, es decir al gobierno, que intenta imponer un proyecto en contra de su sociedad. Que el Estado pueda ejercer sin más su potestad no depende, claro, únicamente de su voluntad, sino, en lo básico, del tiempo político de la totalidad Estado – sociedad. Es este tiempo o ritmo del movimiento societal, el que marca el paso de una fase a otra de las potestades o soberanías: la del tiempo de la soberanía del Estado y la del tiempo de la soberanía o (auto)determinación de la sociedad. Es aquí donde se encuentra el límite de la potestad estatal, porque es la sociedad la que termina, siempre, determinando a la totalidad que hemos anotado. Con ello, no nos referimos al devenir que luego mostrarán los momentos de autodeterminación social -lo cual es otro tema de análisis. La sociedad determina a la totalidad porque, efectivamente, el “alter” del Estado es precisamente la sociedad. 

Para abordar esta problemática, en las ciencias sociales pueden sintetizarse las metodologías de análisis del Estado en dos grandes corrientes. Una entenderá al Estado como la culminación de las formas de organización política de las que toda sociedad se dota y la otra entenderá al Estado como una instancia general de la sociedad, en la que interesa observar quién determina las políticas específicas que asumirá el Estado, para dirigir y moldear a la sociedad. La primera corresponde a la teoría marxista del Estado y la segunda puede inscribirse, grosso modo, en las escuelas estructuralista y funcionalista, aunque tiene en la teoría del Estado racional de Max Weber un lejano antecedente. Es poco probable que los supuestos marxistas del gobierno (que ni siquiera asoman como marxistas de alasitas) supieran de ello, pero eso no importa porque no le quita la gran importancia que tiene para la lectura del problema que estamos observando. Tiene tal importancia, porque nos permite comprender los límites de la potestad o soberanía del Estado, así como los alcances de los momentos de la determinación de la sociedad. En la visión de las escuelas estructural o funcional, estos límites no representan mayor problema para la negación de los mensajes de la sociedad, debido a que su negación sería algo posible de alcanzar dentro de los marcos fijados por las políticas o emisiones estatales. Para ello bastaría la sola instrumentalización del aparato estatal, con el fin de hacer realidad la imposición, a la sociedad, de las políticas en cuestión. Fue éste el método que las dictaduras militares pusieron en práctica, sin éxito, en el pasado y es el método que el gobierno de Morales ahora vuelve a ensayar. 

Con todo, lo interesante de la defensa que hace la sociedad boliviana de la democracia, es que la misma se basa, grandemente, en un acontecimiento amparado por el ordenamiento constitucional, como fue el referéndum del 21 de febrero del 2016. Esto quiere decir que la fuente de la certeza y de la legitimación legal de la protesta social, tiene una apoyadura constitucional de mayor valor de la que puedan mostrar los levantamanos del parlamento o los leguleyos del tribunal constitucional o la mayoría antidemócrata del tribunal electoral. 

Consiguientemente, en el terreno constitucional, los esfuerzos del MAS por barnizar con algún viso de legitimidad legal, su pretensión de trocar la democracia en dictadura, se han esfumado. El camino de pretender hacer pasar por constitucional un proyecto anticonstitucional, pues, también termina cerrado. En respuesta a esta evidencia, al MAS no se le ha ocurrido nada mejor que, tribunal constitucional mediante, bautizar de constitucional un hecho inconstitucional y presionar al tribunal electoral, para aceptar la candidatura inconstitucional del binomio Morales – García. 

Estas burlas, por supuesto, no han distraído ni un instante a la sociedad en su rechazo a  la pretensión de constitucionalizar la dictadura del MAS. Tampoco el seguimiento, el amedrentamiento y la persecución que la célula filo-masista desde el comando general de la policía ordena ejecutar, han doblegado la voluntad democrática de esta sociedad. Así, queda demostrado que por la vía de la represión tampoco se obligará a la población a aceptar el engendro dictatorial que representa la candidatura trucha del binomio oficialista, fruto del mamarracho legal del tribunal constitucional. Para que la represión lograra su objetivo, en las actuales condiciones marcadas por la acumulación democrática del a sociedad y el tiempo político, debería sumársele a este propósito a las otras instituciones represivas del Estado y es poco probable que el ejército estuviera dispuesto a secundar la aventura, luego de su derrota en el 2003 y que le costó el enjuiciamiento de su alto mando. 

Entonces, ¿qué hacer? Pues jugar todas las cartas al fraude electoral. En la infantil mentalidad de los estrategas del gobierno, seguramente se piensa que este camino sí no será cerrado; total, para ello se dispone de todas las cartas, ya marcadas además de antemano: el tribunal constitucional, el tribunal electoral, el comando general de la policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la lista continúa. Pero, para que esta posibilidad tuviera algún viso de viabilidad, hay dos inconvenientes que, en definitiva, tornan imposible a la estrategia “fraude electoral”. 

Primero; en las actuales condiciones nadie debería poder asegurar que la protesta social, por el atropello al orden constitucional expresado en la inconstitucional habilitación del binomio oficialista, disminuya. La conciencia democrática de la población, al contrario, está demostrando que el nivel de inconformidad se mantiene revelando, para sorpresa de muchos, a todas luces signos de ir en aumento. Para decirlo aún con más claridad, la población se ha volcado de manera inconfundible contra el proyecto dictatorial del MAS y el crecimiento de esta decisión puede echar abajo el burlote de leguleyos constitucionales y tribunos electorales antidemócratas, obligando al Estado a rectificar las cosas, en acuerdo al respeto constitucional. 

La radicalidad democrática o fundamentalismo democrático de la sociedad boliviana tiene por lo menos tres fuentes: la incorporación histórica de los valores democráticos, desde hace cuatro décadas. La segunda fuente que le alimenta viene de la falta de credibilidad en el gobierno y sus operadores. Se trata de la consecuencia provocada por los permanentes incumplimientos del gobierno de Evo Morales al respeto a la voluntad democrática popular, así como de la chacota de los operadores, para cumplir con los deseos del Palacio de gobierno. Estas permanentes burlas  han dado todos los motivos a la sociedad, como para desconfiar en la promesa del oficialismo que el atropello a la voluntad democrática de la población termine. Si el MAS no ha respetado la voluntad democrática de la mayoría de la ciudadanía expresada en el referéndum del 21 de febrero, nada garantiza que respetará la ratificación de esa voluntad, en las elecciones del próximo año. Dicho de manera directa, ¿qué garantiza, que el MAS respete los resultados electorales que le propinen una derrota? La última fuente proviene del enredo creado en el propio ámbito del Estado (aquí sí, el concepto Estado usado en sentido amplio) por la irresponsabilidad, incompetencia para desenvolverse en el juego democrático e incapacidad para gobernar con apego al orden constitucional. Este enredo obliga a todas las instituciones estatales a caminar sobre un terreno gelatinoso y lo que menos busca un Estado, es la incertidumbre. Por tanto, motivos sobran para que la ciudadanía imponga, en las calles, el retorno al orden democrático aún antes de las elecciones nacionales. 

El segundo inconveniente para hacer viable la estrategia del fraude electoral se refiere a una situación en la que, finalmente, candidatos truchos incluidos, se llegue a las elecciones. Es evidente que la actual fase de la protesta social pone de manifiesto una suerte de plebiscito antelado. Salvo las tonterías que se dicen en el gobierno, en sentido que es un minúsculo grupo de inconformes que protesta, nadie, con un mínimo de preocupación teórica y analítica sobre la vida democrática del país, puede negar que una protesta tan contundente y extendida a lo largo de todo el territorio nacional, marca una clara correlación social de fuerza, desfavorable al MAS. En estas condiciones, pretender sustituir la realidad por medio del fraude es pretender apagar un pequeño incendio con alcohol. Si la finalidad de todo fraude es sustituir la realidad, es claro que la correlación social de fuerzas manifestada en esta coyuntura, marca una tendencia no reversible a corto plazo, o sea hasta las elecciones. 

Concluyamos, consiguientemente que, hagan lo que hagan en el MAS, no podrán evitar su desalojo del gobierno. Por más diligentes que se muestren los masistas encubiertos en los tribunales constitucional y electoral, en el comando general de la policía, en la Fiscalía, a la hora de la soberanía de la sociedad -que es el tiempo político que estamos comenzando a vivir- la determinación social hace sentir su condición de “alter” del Estado. Estamos hablando de las condiciones que anteceden a una reconfiguración de la situación política nacional y este proceso sociopolítico es ya una realidad, cuyo aliento se siente como una voluntad antidictatorial que ha comenzado a moverse.