A esa forzada confrontación se debe sumar su incapacidad de asimilar las críticas que se les ha hecho por su obsesión por reproducirse en el poder y su creciente autoritarismo, peor aún si han provenido de quienes creían que podían servirles como aliados, como el cardenal Toribio Ticona.

Una hipótesis para entender esa actitud fue originalmente difundida por varios “disidentes” del MAS, que afirman que el proyecto político-ideológico y de Estado que llevó al MAS al gobierno el año 2005 ha concluido, por lo que el afán de prorrogarse en el poder respondería, como ha sucedido con muchas experiencias similares en el país y la región, al objetivo central de seguir usufructuando los goces del poder, lo que exige que éste sea ejercido por un círculo cada vez más estrecho de colaboradores que permiten e incluso maquillan la corrupción como forma de mantener lealtades y no toleran fiscalización alguna.

Otra, más referida a su traumática relación con la Iglesia católica, es que en los inicios del gobierno actual y dada su fuerza electoral y social las autoridades lograron cambiar radicalmente muchas actitudes en la administración del Estado, a partir del hecho concreto de que establecieron, no sin violencia, que ellas eran el poder y, por tanto, terminó la época de aceptar otras intermediaciones entre ellas y los diferentes sectores de la sociedad. Es decir, atrás quedó el papel mediador que en reiteradas oportunidades cumplieron los obispos de la Iglesia católica a los que, por un lado, se les intentó exigir infructuosamente su adhesión al proyecto político y, por el otro, se les cerró cualquier espacio para que ejerzan aquel papel conciliador.

Sin embargo, transcurrido el tiempo y ante tres derrotas electorales sufridas por el oficialismo y el fin del discurso de la seducción, surge nuevamente como referente la Iglesia cuyos obispos llaman la atención sobre temas medulares de la vida social.

Frente a exhortaciones como las que con frecuencia hace la CEP con el fin de contribuir a la preservación de la paz en nuestro país, las autoridades consideran que no les queda otra reacción que la agresión, porque parecería que han desaparecido los argumentos.

Atrás quedó el papel mediador que en reiteradas oportunidades cumplieron los obispos de la Iglesia católica a los que, por un lado, se les intentó exigir infructuosamente su adhesión al proyecto político y, por el otro, se les cerró cualquier espacio para que ejerzan aquel papel conciliador