“Esperamos que sea el Ministerio Público, como cabeza de la investigación, que vayan también emitiendo (citaciones)", sostuvo el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, sin dar mayores detalles sobre los implicados.

Los hechos de violencia frente al TSE se desencadenaron tras una jornada de protestas por parte de activistas que defienden el referéndum de 21 de febrero de 2016, que rechazó una nueva candidatura de los actuales mandatarios.

La investigación fue iniciada por los delitos de destrucción y deterioro a bienes del Estado a denuncia de los representantes del ente electoral, que tiene su sede frente a la Plaza Abaroa, en el barrio de Sopocachi de la ciudad de La Paz. Los policías que resguardaban esas instalaciones también fueron agredidos.

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“En la ciudad de La Paz se ha constituido en parte denunciante el propio TSE, hay un proceso abierto. La Policía ya ha mandado (información de las) personas identificadas y va a corresponder al Ministerio Público emitir los mandamientos de citación o aprehensión”, añadió.

Días después, el 11 de diciembre, una protesta convocada por la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz terminó en el saqueo y quema de instituciones públicas como el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí).

Por este hecho, al menos 10 personas fueron identificadas por la Policía como responsables del ataque. Gabriel Justiniano se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de prisión en Palmasola, en tanto que Fernando Subirana Coimbra (concejal de La Guardia) y Edson David Antelo Alpire fueron enviados con detención preventiva a la cárcel.

También se encuentran aprehendidos Marcelo Subirana Coimbra y Jorge Escalante Guardia, mientras que son buscados Miguel Vaca Corcuy, Andrés Cuéllar Jimenez, Julio César Saucedo Algarañaz y Rodrigo Carvajal.