La ciudadanía se preguntará si los legisladores hicieron algún examen de conciencia sobre si cumplieron su función legisladora y fiscalizadora. La respuesta seguramente sería esquiva en aquellos parlamentarios que todavía tienen la debilidad de rubor, aunque son más los que defenderían su paso estéril por la Asamblea Legislativa.

Y este año, como ya ocurrió también al cerrar la anterior legislatura, la oposición, cuya representación en la Asamblea tampoco cumplió una labor eficiente, calificó como otro fracaso a la labor de la ALP. Inclusive algunos sectores oficialistas, a comienzo del año, ya señalaron a diputados y senadores de ser responsables de la crisis del Órgano Legislativo, por una serie de desaciertos.

Parece que la militancia política está por encima de las leyes, la ética y la responsabilidad. Es necesario recordar que al comenzar el año 2018, hasta el oficialismo responsabilizó al Legislativo de haber desatado y agravado la tensión social, con la aprobación de un proyecto de Código del Sistema Penal, que no supo explicar, y que por presión ciudadana tuvo que ser derogado después de una prolongada huelga y movilizaciones lideradas por los médicos.

La dependencia que sufre el Órgano Legislativo ha convertido al principal poder del país, en un apéndice del gobierno central, desde donde han surgido todos los proyectos de leyes y decisiones adoptadas. A ello se suman las deprimentes imágenes de legisladores y legisladoras, del oficialismo y oposición, que insultan y agreden a sus colegas, diputados dormitando en sus curules, inasistencias e incumplimiento de sus deberes fundamentales.

Los que juraron defender la Constitución Política del Estado, terminaron desconociendo la Carta Magna, la Ley de leyes, y aplaudiendo y festejando su “hazaña”. Recordemos la forma como se aprobó apresuradamente el fallo del TCP autorizando el supuesto derecho del presidente Morales a postular indefinidamente en las elecciones presidenciales; o cuando eligieron unilateralmente a los candidatos a magistrados del sistema judicial -para hacerlo contaron con listas enviadas por alguien-, confirmando la absoluta prescindencia del derecho a discernir y opinar; desconocieron también el resultado del referendo que ratificó la prohibición de los actuales gobernantes para que puedan volver a postular en las elecciones venideras.

El pueblo boliviano ha luchado durante décadas por edificar el proceso democrático, y sentar bases sólidas para la defensa de los derechos y libertades. Se han logrado significativos avances, pero surgen distorsiones que podrían llevarnos a días difíciles.