Hay conjunto de acontecimientos, reacciones, conductas y estrategias, desde el poder oficial, que incitan a pensar de manera pesimista. En esa línea, descolla, en primer lugar, el desconocimiento tácito a la decisión del soberano expresada en los resultados del 21F, no obstante varias afirmaciones previas, de respetar democráticamente los resultados.  Inesperadamente, otra fue la reacción, sin embargo, cuando conocieron su derrota. A partir de ese momento clave, o punto de inflexión, los gobernantes comenzaron a desnudar, sistemáticamente y en cadena, una larga lista de miserias, en la que despunta la mentira que se convertiría luego en moneda corriente del régimen masista, lo cierto es que las mentiras acabaran, a la postre, derrumbando al mito, al indígena con aurea celestial, exponente de la última reserva moral del mundo.

Ahora bien, más allá del clamor democrático que demandaba respeto a los resultados del referendo, el oficialismo en su afán de “atornillarse en el poder”, al margen de las reglas democráticas y constitucionales, ha insistido y ha logrado, más por las vías informales, la repostulación del binomio para el 2019.

Anunciando un “segundo tiempo”, desde diciembre el 2016, la agenda política ha sido intensa. Todas las “movidas” del gobierno, han apuntado tozudamente a la ilegal e inconstitucional repostulación.

Con este propósito, el IX congreso masista, realizado en Montero entre el 16 y 17 de diciembre del 2016, había aprobado cuatro opciones: la reforma del Artículo 168 de la CPE, por iniciativa ciudadana; la reforma del Artículo 168 de la CPE mediante ley aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional; una interpretación del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir al Gobierno de su preferencia, y la renuncia de Morales, seis meses antes de cumplir su mandato.

Ahora bien, tres de esas cuatro vías, pasaban necesariamente por un nuevo referendo; camino que sistemáticamente evitó el oficialismo, ya que la eventual derrota se iba a expresar de modo más contundente. Estaban obligados, por ello, a buscar otras fórmulas para habilitarlos directamente, soslayando las urnas que, desde el 21F, dejaron de ser sus aliadas.

De ahí que, en coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con libreto previamente definido, el 17 de septiembre del 2017, presentan una “acción abstracta de inconstitucionalidad” contra varios artículos de la Ley 026 y piden la “inaplicabilidad” de los artículos de la Constitución Política del Estado que impiden una nueva postulación del presidente y otras autoridades; pues atentarían contra el “derecho humano de ser elegido”.

Con el TCP sometido a los designios del poder político, y como era de esperar, en tiempo récord, esta instancia, el 28 de noviembre del 2017, con la sentencia Constitucional 0084/2017, habilita al presidente y otras autoridades a la reelección indefinida; generando gran repulsión y malestar en las poblaciones citadinas. A partir de ese momento surge una oposición muy peligrosa y atípica que gana fuerza en las calles, con movimientos y plataformas ciudadanas, al margen de la oposición tradicional, que de alguna forma debía ser aplacada.

Utilizan para ese fin al Tribunal Supremo Electoral –también sometido- y la Ley de Organizaciones Políticas, para forzar la realización de elecciones primarias “vinculantes”, cuando estaban fijadas recién para el 2024; logrando, finalmente, “validar” la repostulación cuestionada.

Esta suma de acciones, reacciones y estrategias ponen de manifiesto flagrantemente que Evo Morales y el MAS, no están dispuestos a ceder democráticamente el poder. Ello, pone en serias dudas, la transparencia de las próximas elecciones. También, claro, si estas son limpias y el resultado es negativo para ellos, ¿respetaran el voto ciudadano? Sin duda, la deriva, es peligrosa.