Este es uno de varios proyectos de extracción de los recursos naturales insertos en la política económica del gobierno de Evo Morales que, en los últimos años, le ha abierto las puertas a las actividades hidrocarburíferas, mineras y agrícolas dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas. A esto se suma la cuestionada participación de empresas chinas en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, que van desde carreteras hasta hidroeléctricas, la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca en seis áreas protegidas de Bolivia, los actos de corrupción detrás del tráfico de madera y las nuevas mafias que le arrancan los colmillos a los jaguares.

Lo malo: áreas protegidas en la mira. La política económica boliviana ha puesto en jaque a algunas de las áreas protegidas más biodiversas del país y los críticos no se han quedado callados. Leonardo Tamburini, investigador y experto en temas indígenas, sostiene que el Estado ha diseñado una arquitectura jurídica, entre 2012 y 2015, para intervenir en territorios indígenas y áreas protegidas con el fin de realizar actividades extractivas y ampliar la frontera agrícola.

Entre las normas a las que se refiere Tamburini figuran, en primer lugar, los Decretos Supremos 2298 y  2366, ambos publicados el año 2015, que según los expertos reducen la consulta previa a un simple trámite administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas.

En la misma línea está la Ley 969 que permitirá la construcción de infraestructura en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y que da luz verde para la construcción de hidroeléctricas que afectan por lo menos a seis áreas protegidas bolivianas.

Otro de los peligros de la política extractiva boliviana es que este año se ha expandido la frontera petrolera a otros territorios. “Las operaciones ya no están solo focalizadas en el Chaco, sino que han ingresado a la zona andina amazónica del país”, dice Silvia Molina, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Para la investigadora esto tendrá un fuerte impacto en la zona (Amazonia) porque toda actividad petrolera demanda la construcción de infraestructura, mientras que la minería transforma el territorio y contamina con mercurio el agua y los suelos.

“La política económica del gobierno se dirige cada vez más a profundizar la explotación de la riqueza natural del país, porque requiere contar con mayores ingresos económicos para mantener el gasto público”, dice Molina, por eso incursiona más en áreas protegidas y territorios indígenas, con condiciones favorables para las empresas extranjeras.

Las áreas protegidas son claves para conservar refugios para la vida silvestre, “intervenirlas, sin duda, provocará un aumento en las tasas de pérdida de biodiversidad e incluso la extinción de especies”’, remarca Vos.

Por eso la aprobación de la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en Tarija, ha sido mal recibida por un sector de la población boliviana. Los comuneros han rechazado el ingreso de las empresas YPFB Chaco y Petrobras a San Telmo Norte y al Área Astillero y denuncian que incluso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) habría cambiado la zonificación del área protegida para facilitar la obtención de las licencias ambientales que dan luz verde al inicio de la exploración.

Pero otra fracción de comuneros apoya el proyecto. En eso se apoya el Gobierno que firmó un convenio la semana pasada con ellos. “Este convenio con el Distrito 11, tiene el objetivo de velar por las fuentes laborales locales, permitiendo el desarrollo y la protección de nuestra naturaleza”, afirmó el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe.

Lo imparable: el aumento de la deforestación. La pérdida de bosques se ha incrementado en las últimas décadas por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la adjudicación de tierras del Estado a comunidades campesinas, interculturales e indígenas, el desarrollo de actividades extractivas y las políticas dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria.

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) calcula que entre los años 2016 y 2017 se deforestaron en Bolivia más de 554 000 hectáreas. Y aunque la institución estatal sostiene que la deforestación ilegal bajó en un 26% en 2017, la legal se elevó en un 10%, manteniendo su tendencia al alza desde hace cuatro años. La deforestación ilegal representa el 57% y la legal el 43%.

Pablo Solón Romero, analista y director de la Fundación Solón, critica que la ABT hable de una disminución de la tala ilegal cuando, en la práctica, lo ilegal se está volviendo legal. “No se está reduciendo la deforestación, eso muestran los datos de la ABT. El impacto en términos ambientales es el mismo, ya sea legal o ilegal la deforestación”, puntualizó.

Además, señala Solón, exembajador del actual Gobierno, si se contrastan los datos de deforestación con los focos de calor registrados —las quemas que realizan los agricultores para habilitar sus tierras— se puede concluir que la superficie deforestada podría ser mayor y que pasaría incluso las 300.000 hectáreas.

Las áreas protegidas, por otro lado, siguen siendo el blanco de los traficantes de madera. “La tala indiscriminada e ilegal de árboles dentro de las áreas protegidas y fuera de ellas es permanente. Las denuncias que recibimos de las comunidades son constantes”, sostiene Abel Mamani, director del Sernap.

Los traficantes falsifican los certificados emitidos por la ABT para transportar la madera, como lo denunció Mongabay Latam junto a seis medios periodísticos en el especial “Madera sucia”.

Lo feo: inversiones chinas bajo la lupa. 

La incursión de las empresas chinas en Bolivia se ha convertido en una seria preocupación para diferentes instituciones ligadas a la investigación y a los derechos humanos y ambientales.

“Es el tema que más nos preocupa, porque el desempeño ambiental de las empresas chinas es el más bajo que hemos visto hasta ahora, y están en las áreas más sensibles y frágiles”, puntualiza Marco Gandarillas del Cedib.

Para el investigador es de ‘’extrema preocupación’’ que el Estado aplique un modelo de flexibilización ambiental con estas empresas y que permita la impunidad para los delitos que cometen en el país. El tráfico de colmillos y partes de jaguar es uno de los problemas más conocidos, pero hay otros que se han denunciado y que están relacionados con la construcción de hidroeléctricas, carreteras, la incursión petrolera y, una de las más sonadas en el país, la participación de ciudadanos chinos en la minería ilegal de oro.

Una investigación de Gandarillas develó que las empresas chinas están presentes en todos los sectores. En lo formal, están inscritos como proveedores del Estado de manera individual o formando sociedades accidentales, y dentro del terreno de la informalidad, han buscado asociarse con cooperativas que desarrollan la minería ilegal en ríos de la Amazonia. “Extraen el oro con las dragas y, ahora, estamos viendo los ‘dragones’, que son muchos más grandes. Están amalgamado con mercurio para extraer la mayor cantidad de oro’’, lamenta Gandarillas porque la contaminación con mercurio, de ríos y suelos, es incontrolable.

Lo bueno: una sentencia esperada, un acuerdo justo y un territorio recuperado. En noviembre pasado, tras ser suspendida la audiencia en 13 oportunidades, los ciudadanos chinos, Ying Lan   y Ming Ly fueron sentenciados a tres y cuatro años de prisión respectivamente por traficar principalmente partes de jaguar.

Esta decisión judicial fue un logro para las autoridades ambientales, activistas y profesionales, que vigilaron de cerca el caso y que estuvieron presentes a lo largo del proceso.

Hoy, a pesar que los abogados de la defensa preparan la apelación, la sentencia constituye un precedente y envía un mensaje contundente a aquellas personas que forman parte de estas mafias que trafican animales silvestres.

La asesora legal de la Direna de Santa Cruz señala que si bien es un logro la sentencia, en la práctica es muy difícil conseguir que los jueces y fiscales entiendan la magnitud del problema porque, básicamente, no están especializados en los delitos ambientales.

Pero en lo que sí coinciden la mayoría de bolivianos es en reconocer el papel que jugó la sociedad civil a lo largo del juicio. “Se generó un movimiento sin precedentes, que permitió romper la impunidad. Fue sobre todo gracias a un grupo pequeño de activistas fuertemente comprometidos, pero también por algunos actores públicos que mostraron la efectividad de los cambios normativos e institucionales”, explica el biólogo Vincent Vos, para quien la prensa también tuvo un papel clave. “El periodismo de investigación de alta calidad provocó una fuerte reacción del público en general”, que fue el respaldo para los abogados y activistas en el caso de los colmillos.

La firma del Acuerdo de Escazú por el Gobierno boliviano es considerado otro avance. Este acuerdo, en el que participan países de América Latina y el Caribe, permitirá asegurar el acceso a la información de manera oportuna, promoverá la participación de la población en las decisiones que afecten sus vidas y, sobre todo, permitirá proteger a los defensores ambientales. Por eso, Marco Gandarillas considera positivo que Bolivia lo haya firmado. “Es un acuerdo muy claro, muy bien detallado, el cual da muy poco margen para que los Estados puedan dilatar su implementación”, remarca.

Si bien Solón y Tamburini consideran también que la firma del tratado es una buena noticia, temen que el Estado boliviano no respete los compromisos.

El 2019 será un año electoral y los analistas y expertos aún no tienen claro cuál será la estrategia del gobierno para enfrentarse a todos estos graves problemas ambientales. 

969 Ley 
Esta norma permitirá que se construya infraestructura dentro del  Tipnis.

33 Hectáreas
de cultivo ilegal de coca se han detectado dentro del Tipnis.

117 hectáreas sembradas 
de coca tenía el Parque Nacional Carrasco en 2017 y 96, en 2016. 

Suprimen áreas protegidas en estado vecino de Bolivia

El pasado 25 de septiembre, y tras menos de una hora de debate, los diputados estatales de la Asamblea Legislativa de Rondonia, vecina con Bolivia, eliminaron 11 áreas protegidas que abarcan cerca de 600 000 hectáreas de bosque. Esta cifra equivale al 3% de la superficie total de ese estado. La medida fue aprobada en tiempo récord: el proyecto de ley ingresó a la Asamblea en la mañana y para la tarde ya se había convertido en ley.

Sin embargo, esta jugada no fue sorpresiva. Por el contrario, la aprobación fue el resultado de una batalla encarnizada a lo largo de seis meses librada entre la bancada ruralista (grupo de presión de la agroindustria) en la Asamblea Legislativa y el Gobierno estatal (respaldado por los ambientalistas).

El 20 de marzo de 2018, el Gobierno estatal había dictado un decreto mediante el cual se creaban 11 áreas protegidas. Sin embargo, al escuchar los rumores acerca de la inminente firma de este decreto, el diputado estatal de derecha Alex Redano, reaccionó rápidamente. Así, introdujo una enmienda constitucional (PEC 037/2017) que impedía la creación de todo tipo de área protegida por parte del Gobierno estatal sin la consulta previa a la Asamblea. Esta enmienda fue aprobada el mismo día en que se promulgó el decreto que creaba las 11 áreas protegidas.