En dicho periodo, el OEP organizó y administró dos elecciones subnacionales, una general, dos elecciones judiciales, un referéndum (del 21 de febrero 2016) inherente a la Reforma Constitucional del art 168 y las diferentes consultas referendales sobre Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas. "En total, dichos procesos le costaron al Estado (a los bolivianos), más de Bs 670 millones, es decir, $us 96.4 millones", refiere el informe de ambos economistas. 

"Los recursos que administró el órgano electoral fueron millonarios, pero a la hora de ver resultados finales en esos casi nueve años de gestión no se ha profundizado la democracia ni se ha resuelto la problemática social que se atribuía a la falta de participación de la población", enfatiza Osorio.

Una señal de despilfarro. Con datos del Sigma (Sistemas y Diagnóstico de Seguridad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el informe señala que entre el 2010 y 2018, el OEP administró recursos millonarios, vía dos gestiones del TSE.

Los mismos alcanzaron a Bs 2.147 millones, lo que significa un promedio de ingresos de Bs 240 millones por año.

Entre los ingresos más importantes que tuvo el OEP, entre el 2010 y 2018, el 54.5% corresponde a las recaudaciones propias generados por "servicios a la ciudadanía", traducidas en Bs 1.169.9 millones. 

Eso tiene que ver con el trabajo del Sereci (Servicio de Registro Cívico), encargada de administrar el registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y nacionalidad. Entre ambos tipos de ingresos, se tiene casi el 95% de los recursos del OEP.

En cambio, otro 39.2% de los ingresos fueron la transferencia de los recursos del TGN (Tesoro General de la Nación), con el propósito de llevar adelante esos siete procesos electorales, con una cifra de Bs 841.1 millones. El resto tiene que ver con otros ingresos y "donaciones corrientes desde el exterior". 

El OEP, cuya función es elaborar el padrón electoral para cada proceso y administrarlo de manera eficiente, según el informe de Linares y Osorio, se ha convertido más bien en un ente generador de empleos, dado que la mayor parte de dichos ingresos fueron destinados a soportar el pago de sueldos y obligaciones contractuales de servicios de profesionales en línea.

De los  Bs 2.147 millones de ingresos que tuvo el OEP en nueve gestiones entre el 2010 y 2018, realizó un gasto de  Bs 2.115 millones, en un promedio de Bs 235 millones por año. La gestión 2015 fue donde se registraron los mayores índices, Bs 334 millones. 

Lo que más resalta de todo ello son los gastos de salarios, consultorías de línea y consultores por producto. Los tres juntos sumaron alrededor de Bs 886 millones, representando el 42% del total de gastos realizados.
Otro gasto importante es el realizado en Publicidad, que alcanzó a Bs 151.6 millones; incluso mayor al ejecutado en inversión en estos nueve años de trabajo, que solo alcanzó a Bs 116.3 millones, representando solo un 5%.

Incremento en salarios. El informe del estudio de los economistas Linares y Osorio, revela que entre 2010 y 2018, el monto destinado al pago de sueldos en el sector público (Partida 100 - Servicios Personales), se incrementó en más del 80%.

Pero en el caso del OEP, en el mismo periodo, la situación fue mucho más preocupante: el monto anual destinado a sueldos se incrementó de Bs 47.3 millones a Bs 123.5 millones, registrando un incremento sin precedentes del  161%.  La misma tendencia tuvo el monto anual destinado a la contratación de Consultores de Línea, que de Bs 2.8 millones utilizados para este efecto en 2010, se incrementa hasta Bs 24.2 millones en 2017, casi nueve veces más.

Jorge Lazarte, politólogo, señala que los gastos en pago de salarios, servicios de consultoría y asesores crecieron tanto que en las dos gestiones del TSE, debido a que los miembros que integraron dicho tribunal, no fueron necesariamente gente capacitada y menos con conocimientos multidisciplinarios en administración técnica, legal y sociopolítica del tema electoral, por lo que tuvieron que acudir a la contratación de personal profesional, afines y administrativos. "No hay que olvidar que un vocal confesó que tras él estaban sus 20 asesores. Eso muestra la forma cómo se gastaron los recursos", señaló.

Actos electorales. Del total de los Bs 670.9 gastados en siete procesos electorales administrados por el OEP entre el 2010 y 2018 en cuatro de ellos, según Linares, no se tuvo ningún resultado efectivo de optimización de políticas públicas, desarrollo o mejora de la calidad de vida y de la democracia del país. 

Dichos procesos tienen que ver con las dos elecciones judiciales (2011 y 2017), cuyo resultado mayoritario fue el voto nulo, que generó en los hechos autoridades judiciales con escasa legitimidad y con una alta dosis de subordinación del sistema judicial a las políticas coyunturales del poder ejecutivo. 

El otro hecho fue el referéndum del 21 de febrero de 2016,  sobre la reforma constitucional dio como resultado el No a una nueva reelección del presidente Evo Morales.  La consulta costó al país Bs 156 millones, y lo peor de todo, desde el gobierno, en su afán de perpetuarse en el poder, dicho comicio fue sistemáticamente desconocido, lo que para Linares, Osorio y Lazarte, significa un evidente despilfarro económico. 

Y un cuarto hecho es el referido a los referendos autonómicos instrumentado por entidades territoriales (municipios, gobernaciones y regiones como el Gran Chaco) que hasta el momento le ha significado al país un gasto de Bs 44 millones, cuyos resultados son considerados inútiles, dado el carácter de un Estado cada vez hipercentralizado. "En total, son Bs  390.4 millones, alrededor de $us 56 millones, despilfarrados por el Estado en procesos electorales sin ningún beneficio a la población y que podrían haber sido utilizados en inversión social en áreas como salud y educación", finaliza Linares.   

4 Actos
Electorales de siete, entre el 2010 y 2018 , fueron de  perjuicio económico para el país.

156 Millones de Bs
Se destinó para la realización del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Paradoja del gasto del OEP en un país con pobreza

Golpe. El economista Jimmy Osorio señala que en un país tan pobre como Bolivia, con un nivel de pobreza de alrededor del 60%, es necesario replantearse las políticas en la administración de los recursos, pese a que en los últimos años, y producto de las bonanzas  de las materias primas, el Estado boliviano administró recursos, como nunca antes lo había hecho. Para ello sugiere hacer un golpe de timón en la adecuada administración y uso de los recursos que se dispone.

Realidad. Como se puede advertir en el análisis, señala Linares, el Órgano Electoral, lejos de haber mejorado su funcionamiento y haberse institucionalizado, política y administrativamente, muestra serias deficiencias en desmedro de las expectativas de un país y el uso adecuado de sus recursos.

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