Luego de lo establecido con base en los resultados del Referendum Constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F), se han buscado artificiosas maneras para conseguir no lo que las leyes indican sino lo que el capricho de algunos desea.

Conviene recordar que la mayoría de la población votó en aquél acto democrático para definir que no se debía modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), determinando que los ciudadanos Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera no podían aspirar a una nueva candidatura para las elecciones generales.

Para tener algún argumento que justifique, según su modo de entender las cosas, la posibilidad de esas candidaturas por un nuevo período, se ha usado (y abusado) de la ley, los derechos humanos y las instituciones que deberían servir a la sociedad y no al interés particular de unos cuantos poderosos.

La sentencia constitucional 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no hace más que evidenciar que la institucionalidad democrática puede sucumbir a las interpretaciones antojadizas de algunos, para desconocer lo que un Referendum determinó, e inventar una argumentación que justifique el objetivo trazado: permitir que Morales Ayma y García Linera puedan candidatear de nuevo.

Tras una delirante seguidilla de declaraciones de respetar los resultados del 21F, de ya no querer ser nuevamente candidatos o de ofender al pueblo hablando demagógicamente sobre su convicción democrática lo que se ha manifestado en los últimos meses es muy claro: no se respeta el 21F, ¡Claro que quieren ser candidatos!, y la democracia es un juego en el que se pueden imponer las reglas caprichosas de algunos, pero que en verdad no se cree en ella.

Cuando se asume el juego que se jugará, se aceptan las reglas que permitieron y permiten desarrollar ese juego y se comienza a jugar, no cabe que de pronto se cambien las reglas, se empiece a jugar otro juego o se acomode la cancha, tablero o lo que sea, al puro interés, ambición y capricho de quien se cree dueño del juego.

Con los antecedentes de estos casi tres años, en los que se han ido vulnerando sistemáticamente todas las reglas y garantías democráticas posibles, ¿qué lleva a pensar que se mantendrán y respetarán las elecciones del próximo año?

El Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional y algunos legisladores y legisladoras, no han hecho nada más que dañar el juego democrático y habilitar como jugadores a unos ciudadanos que no creen lo más mínimo en éste. La voluntad del pueblo soberano no puede seguir permitiendo que sobre ella se imponga el poder ambicioso.