Medio: ERBOL
Fecha de la publicación: viernes 05 de enero de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Tras la decisión presidencial de derogar los artículos 137 y 205 del Código de Sistema Penal luego de 42 días de huelga en el sector salud, la oposición considera que el siguiente paso es la lucha unitaria de todos los sectores en defensa de los resultados del 21 de febrero de 2016 como un factor de cohesión nacional.
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El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, dijo que a partir de ahora habrá una acumulación de rechazos donde el Gobierno tiene que tener en claro que el pueblo no dejará pasar la “acción delincuencial” y el fallo ilegal del Tribunal Constitucional sobre la repostulación del presidente Evo Morales para el 2019.
Santamaría cree que el pueblo saldrá a defender su voto como sea necesario para la vigencia de la democracia y las libertades, tal fue anunciado el paro cívico organizado por el comité Pro Santa Cruz previsto para el próximo 12 de enero en defensa de los derechos y garantías constitucionales.
El diputado opositor Gonzalo Barrientos dijo que la derogación es una muestra que las autoridades de Gobierno y los operadores políticos del MAS estaban equivocados en imponer una norma que se constituye “en una guillotina judicial para someter al pueblo boliviano”.
Sin embargo considera que es una señal positiva la decisión de derogar dos polémicos artículos, pero también cree que lo correcto hubiera sido respetar la independencia de poderes porque la única entidad que tiene para derogar una ley es la Asamblea Legislativa y no el presidente del Ejecutivo.
Destacó la instructiva de derogar el artículo 137 que penalizaba a los transportistas y cualquier conductor de un motorizado, el 205 que penalizaba el acto médico, modificación del 293 y 294 sobre la protesta social y revisar o derogar todos los artículos que den lugar a la mala fe que tiene el nuevo sistema penal boliviano.
El abogado Williams Bascopé dijo que la abrogación y revisión de los artículos mencionados significa un aplazo a los dos tercios del MAS que intentó penalizar la protesta y conculcar la libertad de expresión.
Bascopé fue más allá al plantear que con motivo de aprobar las leyes derogatorias, se apruebe otra que aplace la vigencia de este nuevo Código de Sistema Penal hasta que se elija una nueva Asamblea Legislativa.
“Así sería mucho mejor, porque el Parlamento se ha aplazado, amenazando a la protesta y la libertad de todos los ciudadanos”, manifestó.
