La policía señala que están en fase de identificación de los vándalos. Ya tiene a nueve con nombres y apellidos y cuatro nuevos aprehendidos, más el primero que se sometió a un proceso abreviado y le impusieron una sentencia de tres años de prisión. Leve por cierto.

Sin embargo, hasta el momento nadie se refirió a los daños civiles y quiénes asumirán tales gastos. Las autoridades del Tribunal Supremo deberían pronunciarse sobre el particular y ser parte coadyuvante en el proceso para lograr el resarcimiento por los daños causados, ya que no existe motivo o justificación valedera para aceptar tales hechos ocurridos en el casco viejo de la ciudad.

Se debe aplicar sanciones ejemplarizadoras, para que el colectivo social respete los bienes públicos y se los cuide, porque no está bien que algunos inadaptados sociales, más allá de las desavenencias políticas que tengan, se dediquen a destruir lo que cuesta a todos los bolivianos.

Existen leyes precisas y es solamente aplicarlas, pero debe existir la meridiana claridad para saber quiénes cubrirán los gastos de tales exabruptos políticos cometidos. No es suficiente saber que estarán sentenciados, sino también decir de dónde saldrá el dinero para el resarcimiento.