Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: viernes 21 de diciembre de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El juez basó su decisión en el supuesto riesgo de fuga y obstaculización del proceso de los imputados. El 11 de diciembre, una marcha de universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) que pedía el respeto al voto del 21F –referéndum en el que el 51.3% de los votantes le dijeron No a la repostulación del presidente Evo Morales–, derivó en violencia, incendios y saqueos en el Tribunal Electoral Departamental (TED), ENTEL e Impuestos.
Más temprano, Gonzalo Medina, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dijo a los medios de comunicación que el concejal de La Guardia, Fernando Subirana, era el presunto líder de la turba que arremetió contra el edificio del (TED.
Según la autoridad policial, Subirana fue captado por las cámaras de vigilancia cerca del supermercado IC Norte, donde se lo vio entregando una serie de materiales que fueron utilizados en los actos vandálicos.
La Policía todavía busca a Ricardo Rada Zeballos, Miguel Vaca Corcuy, Andrés Cuellar Jiménez y Julio Cesar Saucedo Algarañaz, todos identificados como los autores de los hechos vandálicos.
La Policía insiste en que el hecho delincuencial fue planificado con el fin de molestar, provocar a los uniformados y generar convulsión en Santa Cruz. El Gobierno llegó a hablar de un plan para tomar hasta una decena de instituciones públicas.