Las mujeres no gozan de iguales condiciones, ni cuentan con iguales oportunidades, ni como candidatas, ni como autoridades electas para un ejercicio del poder político, al haberse insertado en una estructura estatal que no ha sido modificada en su ordenamiento patriarcal con el proceso de democratización.

 En cuanto a la representación política de las mujeres, un mayor acercamiento al Estado muestra que si bien ha experimentado un histórico ascenso, bajo diferentes formas, abiertas u ocultas, de apertura y resistencia, de reconocimiento y de negación, de diálogo y conflicto, se reproducen las asimetrías de género que colocan en desventaja a las mujeres en todos los órganos del Estado y al interior de los partidos políticos.

El año 2016 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) elogió al Estado boliviano por las leyes progresistas relativas a la participación política de las mujeres, la protección contra la violencia política por razón de género y los progresos realizados para aumentar la representación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional con 53,1 % de diputadas y el 47,2 % de senadoras que significan un total de mas del 50% de participación femenina. Sin embargo, preocupa la representación insuficiente de las mujeres, en particular de las indígenas, en puestos gubernamentales de alto nivel sobre todo en el órgano ejecutivo de departamentos y municipios.  No hay ninguna Gobernadora a nivel departamental y de los 339 municipios existentes en Bolivia, se eligieron solo a 28 (8%) alcaldesas por voto directo. A nivel del ejecutivo nacional, se cuenta solamente con tres mujeres ministras de 20 ministros en el gabinete, representando el 15%.

 A pesar de que en Bolivia existe la Ley 243 contra el acoso y violencia política en razón de genero, preocupa los escasos enjuiciamientos y condenas. El año 2016 se reportaron 65 casos de acoso y violencia política a nivel nacional, de los cuales solo se resolvieron 12.

Es necesario avanzar hacia la democracia paritaria, identificando los avances en términos de paridad, los desafíos e impulsar una agenda de trasformación de relaciones de poder en toda la sociedad. Hablar de democracia paritaria implica superar los casos de acoso y violencia contra las mujeres, contar con la posibilidad de compatibilizar la vida laboral con la familiar, que los hombres asuman la responsabilidad compartida en los cuidados y trabajo doméstico, que las mujeres ocupen puestos de decisión y que accedan a capacitación y formación, entre otros.

A nivel nacional, los avances en cuanto a la consolidación de la paridad democrática, han sido fortalecidos con la creación del Observatorio de Paridad Democrática, el Reglamento para denuncias y renuncias con el propósito de evitar el acoso y violencia política contra las mujeres, la creación del Comité Especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la incorporación de la igualdad de género, de manera transversal y especifica en la nueva Ley de Organizaciones Políticas.

A pesar de todos estos avances, la mayoría de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia presentados por los partidos políticos hacia las elecciones del 2020 son hombres y no se ha tomado en cuenta la igualdad de género y los principios de paridad y alternancia por los cuales el país se ha distinguido los últimos años. Lastimosamente todos los derechos conquistados por las mujeres  deben estar en permanente vigilancia para no retroceder.