La autoridad dijo que  hay otros cuatro funcionarios ediles  implicados en el caso e indicó  que  el daño económico  asciende a ocho millones de bolivianos. 

¿Qué irregularidades se halló en el caso Mochilas III?

 No hay ningún sustento documental para haber fijado el precio referencial del costo de las mochilas. Por otro lado, se determina un plazo de entrega también sin ningún sustento. Estamos hablando de la entrega de  92.000 mochilas en 30 días, es decir que debería realizarse una producción de  3.000 mochilas en un día, pero sin ningún tipo de respaldo.

¿Qué pasó   con el presupuesto de la compra de mochilas?

Se realizó la autorización del inicio del proceso de contratación y la  primera adjudicación sin   un presupuesto, contraviniendo el artículo 45 del Decreto Supremo 181, que prohíbe que se ejecute  un proceso de contratación sin que antes se cuente con el presupuesto debidamente aprobado.

De igual manera, durante el mismo proceso de contratación,  se ha visto que sin ningún sustento  se realizó  enmiendas y se aprobó el DBC (Documento Base de Contratación). 

¿Qué otras irregularidades halló la Contraloría?

Observamos que se realizó una ampliación del plazo para la presentación de documentos sin justificación. Incluso la presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada fue realizada  de forma extemporánea, el plazo fenecía el 21 de enero de 2016 y se entregó  la documentación el 25 de febrero.

¿Hubo un sobreprecio? ¿Habría un  daño  económico?

Sí, otra observación que se advierte es el costo de las mochilas. Eran más o menos 90.000 mochilas, pero se advierte que de 74.400 mochilas el costo declarado asciende a poco más de dos millones de bolivianos. Hay una diferencia de más de ocho millones de bolivianos aproximadamente; ese es el probable daño económico que  se estima.

¿Quiénes son los directos implicados en este caso?

Naturalmente el alcalde José María Leyes en su condición de máxima autoridad ejecutiva.  Junto con él están otros servidores públicos que también son responsables. Están Diego Bernardo Moreno, secretario Municipal; Carmen Ayala,  en su calidad de responsable del proceso de contratación; Marcos Cuevas, secretario Municipal de Desarrollo Humano; Fernando Prado, secretario de Planificación y otros funcionarios que han participado  en su condición de miembros de la Comisión de Calificación, los que han suscrito los cheques, etc.

¿Cuál es el  grado de responsabilidad de  Leyes?

Nosotros advertimos  la comisión del delito de uso indebido de influencias, toda vez que en su condición de Alcalde de Cochabamba, el señor Leyes no ha cumplido con los procedimientos de control interno. Se  suscribió los cheques para el pago de los lotes uno y dos con documentación contradictoria respecto a las fechas de entrega de los bienes por parte de la empresa beneficiaria. 

Hay también contradicciones en cuanto al informe de conformidad y comprobantes del ingreso y salida de almacenes, ahí vemos un favorecimiento de parte del Alcalde.

¿Cuál es la empresa implicada en este caso?

Es la empresa Belpra SRL. No es la misma de los anteriores casos. La semana pasada ya presentamos la denuncia ante el Ministerio Público para que investigue.