“Como hoy, 1996, empezó la Masacre de Navidad en Amayapampa y Capasirca, un genocidio aún impune del gobierno de Sánchez de Lozada y V. H. Cárdenas. Por defender a las transnacionales, Cárdenas avaló la matanza de 11 mineros; y ahora tiene el descaro de postularse a la presidencia”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter, @evoespueblo.

El hecho impune se produjo como una represalia del Gobierno al pedido de los comunarios, de explotar el yacimiento minero de oro, ubicado entre ambas poblaciones, para que beneficie a la gente de la región.

Sin embargo las autoridades salieron en defensa de los empresarios que detentaban la explotación de la mina, cuyos dueños eran la familia Yacsik y Garafulic además de Gonzalo Sánchez de Lozada, a través del consorcio Da Capo Resources Ltda. Víctor Hugo Cárdenas era vicepresidente pero pese a su extracción indígena no hizo mucho para evitar la masacre que dejó luto y dolor en el Norte de Potosí, según consta en publicaciones de la época. 

El Gobierno de Goni y Cárdenas, en su política de garantizar las inversiones extranjeras, envió a al menos a 3.000 efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas para masacrar a los comunarios.  Las acciones desembocaron en un enfrentamiento que dejó varios indígenas muertos.  Los organismos de Derechos Humanos intervinieron para una correcta investigación pero sigue siendo un caso sin responsables.