El Congreso boliviano reaccionó en tiempo récord ante la vergüenza que la Casa Blanca le hizo pasar al régimen y aprobó la modificación de 11 artículos del Código Niño Niña Adolescente (CNNA) que consideraba legal el trabajo de los niños a partir de los 10 años, una verdadera barbaridad en pleno siglo XXI y que fue establecido justamente por el “proceso de cambio”.

A partir de hoy, la edad mínima para trabajar es de 14 años y los que hicieron las correcciones dicen que todo fue producto de una confusión cuando todos sabemos que la explotación de niños tan chicos es algo de lo más frecuente entre los cooperativistas mineros, grandes aliados del Gobierno y quienes presionaron para que la “revolución” establezca esas vergonzosas licencias, que lógicamente son aprovechadas por otros sectores ilegales de la economía que gozan enormes prerrogativas en el Estado Plurinacional. 

Tratándose de Bolivia, donde las leyes se escriben, se aprueban, se promulgan, se difunden en reuniones de los organismos internacionales, pero no se cumplen, queda por ver qué avances concretos se logran a partir de ahora, aunque es bueno saber que hay quienes están monitoreando estos asuntos y marcándole el paso a los que no cumplen, aunque después se quejen de “intervención en asuntos internos”.

Ojalá que pase lo mismo en el otro tema, en el de la trata de personas, un delito que ha crecido exponencialmente en Bolivia en la misma proporción del narcotráfico, puesto que se trata de un primo hermano del tráfico de drogas, tal como es la prostitución, el tráfico de armas y la poderosa industria informal de los préstamos, que sugestivamente está manejada por ciudadanos de origen colombiano.

No es un secreto que el régimen guarda una estrecha relación con todas estas actividades y muchas otras y, para colmo, se ha publicado en la prensa ciertas evidencias de jerarcas oficialistas vinculados a redes de prostitución.

En el Gobierno aseguran que la trata de personas no es un delito de grandes proporciones en Bolivia, pese a que en 2017 hubo 700 denuncias, la mayoría de las cuales –de acuerdo a versiones oficiales-, no se encuadraban en la tipificación establecida por las leyes. Es muy distinta la versión de las víctimas y de las familias que tuvieron que enfrentar casos de secuestro y desaparición forzosa. Aseguran que las instituciones encargadas de combatir este flagelo no les brindaron la atención necesaria y que tampoco recibieron la asistencia legal establecida por las normas para enfrentar a las poderosas mafias que lucran con este tipo de crímenes. Estas anomalías son justamente las que ha observado del Departamento de Estados Unidos que exige mayor compromiso estatal.

Las víctimas de la trata de personas aseguran que las instituciones encargadas de combatir este flagelo no les brindaron la atención necesaria y que tampoco recibieron la asistencia legal. Estas anomalías son justamente las que ha observado del Departamento de Estados Unidos.