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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 19 de diciembre de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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La inconstitucional habilitación de Morales ha ocasionado que varios medios de comunicación de la región y de España hagan notar los riesgos que existen de que Bolivia ingrese a una espiral que termine llevando al país a una dictadura.
De los pronunciamientos de los últimos días, los dos más importantes son los que han emitido la Unión Europea y EEUU.
La Unión Europea señaló que “las acusaciones y amenazas contra los jueces del Tribunal Supremo Electoral no conducen a condiciones justas y equilibradas con miras a las próximas elecciones en Bolivia. El respeto a la independencia del Poder Judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión son derechos fundamentales y pilares esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”.
En una línea muy similar, Estados Unidos emitió otro comunicado en el que dijo adherirse al pronunciamiento de la Unión Europea y enfatizó “que las amenazas contra vocales del Tribunal Supremo Electoral no conducen a crear las condiciones que se requieren para llevar a cabo elecciones libres e imparciales en 2019”.
EEUU dio un paso más y dijo que apoya una democracia saludable que respeta la Constitución y la voluntad popular. Claramente, la boliviana no respeta ninguno de esos dos elementos.
El hecho que países como EEUU y los que conforman la Unión Europea emitan comunicados en ese sentido, marca la preocupación internacional sobre los actos antidemocráticos del régimen.
El Gobierno reaccionó a estas declaraciones siguiendo su manual habitual: dijo que no acepta injerencias de otros Estados, lo cual es raro, considerando las numerosas veces que las autoridades bolivianas han emitido criterios sobre la situación interna de otras naciones.
El ministro Alfredo Rada dijo también que las apreciaciones de la Unión Europea y de EEUU son incorrectas, ya que en Bolivia hay una “democracia con plena vitalidad”. Si esto fuera cierto, se respetaría lo que establece la Constitución, es decir que solamente el Presidente puede gobernar durante dos períodos consecutivos y además el voto popular sería obedecido: en 2016, el referéndum decidió no autorizar una nueva reelección. Así que de “vitalidad”, muy poco.