Durante al menos una semana, una comisión especial del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) visitó el país y pudo conocer de viva voz de los propios indígenas las denuncias sobre la cuestionada carretera y reflejarla más allá de las fronteras.

Tras la denuncia que hicieron los dirigentes indígenas del TIPNIS ante el TIDN, que entre el 7 y 8 de noviembre realizó su cuarta audiencia en la ciudad alemana de Bonn, el caso adquirió mayor relevancia internacional. 

Bolivia, país regido por un gobierno autoproclamado defensor de la Madre Tierra y de los derechos indígenas, era acusado de no respetar el hábitat de 65 comunidades indígenas e imponer la construcción de una vía que inicialmente fue descartada, pero que volvió a proponerse tras la promulgación de la Ley 969 en agosto de 2017, que quitaba la condición de “intangibilidad” al territorio, facilitando así diversas incursiones.

El TIDN aceptó el caso y anunció la llegada de una comisión de observadores al TIPNIS para agosto de 2018. Su labor sería “verificar in situ” las acusaciones de violación a los derechos de la Madre Tierra e indígenas, además de escuchar la versión del gobierno boliviano.

También se solicitó al Gobierno imponer una moratoria en la construcción de la carretera, hasta que dicha instancia haya concluido su labor de indagación, y responder a las acusaciones hechas en su contra.

A pocos días para la visita, dirigentes indígenas de la subcentral Sécure y del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afines al MAS, amenazaron con no permitir la entrada de la comisión del TIDN bajo el argumento que no podían ingresar al TIPNIS sin su autorización. 

Pese a las advertencias, la comisión del TIDN, compuesta por el ecuatoriano Alberto Acosta, la estadounidense Shannon Biggs y el argentino Enrique Viale, arribaron al corazón del TIPNIS el 16 de agosto.

La audiencia con los indígenas se desarrolló un día después en una maratónica y emotiva jornada en el que al menos 28 representantes de las distintas comunidades del TIPNIS denunciaron los atropellos que sufren a manos de un Gobierno que se empecina en construir una carretera a merced de la destrucción de lo que ellos consideran su “Casa Grande”.

Las intervenciones fueron escuchadas por la comisión que reconoció que la lucha de los pueblos del TIPNIS “es un referente mundial y que tiene una gran repercusión internacional”. Incluso surgió el compromiso de llevar las denuncias hasta el Papa Francisco.

Finalizada la audiencia, el conjunto de las comunidades del TIPNIS entregó la demanda formal a la comisión, documento en el que se incluyeron pruebas de sus acusaciones. 

El 18 de agosto partieron rumbo a la comunidad Santísima Trinidad del denominado Polígono 7 para conocer la versión de los colonizadores dentro del conflicto y sobre la construcción de la carretera. Previamente la comisión había recibido una invitación para la visita.

Junto a un grupo de periodistas y una comitiva especial, la comisión llegó hasta el ingreso del Polígono 7 la mañana del 19 de agosto, pero no pudieron llegar a su destino debido al bloqueo de un grupo de colonizadores en el sector del puente Isinuta, que tenía órdenes de evitar el paso de los visitantes y que retuvo a la comisión por varias horas sin actuación de la policía.

Acosta cuestionó la actitud de los colonizadores y sus dirigentes, ya que explicó que fueron ellos mismos los que invitaron a la comisión para visitar el Polígono 7. Aquella versión fue refutada por los dirigentes que afirmaron que nunca autorizaron el envío de la carta de invitación.   

Tras una breve negociación y en medio de un ambiente tenso, la delegación pudo abandonar el lugar luego de permanecer retenida por al menos cinco horas contra su voluntad.

El Gobierno minimizó el hecho y negó que se haya efectuado un secuestro, como los delegados del TIDN habían advertido durante sus horas de permanencia bajo la amenazante mirada de los colonos.

La reunión entre el Gobierno y la comisión del TIDN se dio el 21 de agosto en la ciudad de La Paz. Allí, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, ratificaron la intención de construir la carretera, aunque reconocieron que aún no había el diseño final de la vía ni la evaluación del impacto ambiental que causaría en el TIPNIS.

Según los representantes de la comisión, esa respuesta los llevó a consultar por qué ya se construían tres puentes de enormes dimensiones en aquel territorio si aún no había un diseño de la carretera. La pregunta no obtuvo respuesta. 

Finalizada la reunión, Romero ratificó la posición del Gobierno e indicó, como ya lo había dicho antes de la llegada de la comisión, que el TIDN no puede ser considerado como un organismo oficial y que solo se compone por un grupo de ambientalistas cuya sentencia sobre este caso no tendría carácter vinculante.

Para el expresidente del TIPNIS e impulsor de la VIII marcha en defensa de este territorio indígena, Adolfo Moye, la visita del TIDN sirvió para desenmascarar al Gobierno y mostrar sus verdaderas intenciones. 

“Se demostró en qué realidad vive el TIPNIS y se vio la imagen real del Gobierno. Se logró que el contexto internacional se interiorice sobre los accionares las políticas estatales del país para con nosotros, los indígenas”, aseguró.

Asimismo, Moye señaló que fuera de conocerse la sentencia del TIDN, los indígenas del TIPNIS “esperan que todo lo expuesto durante la audiencia se pueda difundir y socializar en la comunidad internacional los grandes daños que están ocasionando en su territorio”. 

“Tenemos la esperanza de que a partir de esta visita surja la conciencia para buscar otros mecanismos de desarrollo que no destruya la naturaleza”, agregó.

La comisión abandonó el país el 22 de agosto con el compromiso de difundir la sentencia final de este caso hasta finales de septiembre, sin embargo, a la fecha aún no se la ha emitido. 

Para el expresidente del TIPNIS e impulsor de la VIII marcha en defensa de este territorio indígena, Adolfo Moye, la visita del TIDN sirvió para desenmascarar al Gobierno y mostrar sus verdaderas intenciones. 

“Se demostró en qué realidad vive el TIPNIS y se vio la imagen real del Gobierno. Se logró que el contexto internacional se interiorice sobre los accionares las políticas estatales del país para con nosotros, los indígenas”, aseguró.

Asimismo, Moye señaló que fuera de conocerse la sentencia del TIDN, los indígenas del TIPNIS “esperan que todo lo expuesto durante la audiencia se pueda difundir y socializar en la comunidad internacional los grandes daños que están ocasionando en su territorio”. 

“Tenemos la esperanza de que a partir de esta visita surja la conciencia para buscar otros mecanismos de desarrollo que no destruya la naturaleza”, dijo.