Los denunciados son la presidenta de esa entidad, María Eugenia Choque, y sus colegas Lucy Cruz (delegada presidencial), Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte, quienes validaron esa decisión.

Además, los opositores pidieron que se amplíen la investigación a los vocales Antonio Costas, que se abstuvo de emitir juicio, y su Dunia Sandoval, que se opuso a la habilitación de la dupla oficialistas por ser “disidentes de manera temporal” porque luego aprobaron la dupla en otras resoluciones, dijo  Santamaría.

“Hemos agotado toda la vía administrativa para impugnar, inhabilitar la candidatura ilegal y trucha de Morales y García. Lo que hemos hecho ahora es presentar una denuncia penal en contra de los vocales que aprobaron la resolución 465”, dijo Santamaría.

Aseguró que los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 están vigentes al igual que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que fija solo dos repostulaciones continuas, requisito que el oficialismo buscó modificar en esa consulta para habilitar a Morales en los comicios de 2019.

Los delitos citados en la denuncia de los opositores son resoluciones contrarias a la CPE, prevaricato e incumplimiento de deberes.

Pero también desde el oficialismo han apuntado a los vocales del TSE. Similar denuncia alista el diputado Víctor Borda contra Costas y Sandoval por rehusarse a aprobar, en primera instancia, el binomio oficialista. La querella será presentada en enero, anunció.

En las horas precedentes, el gobierno de Estados Unidos, a través de su portavoz adjunto Robert Palladino, se sumó a la condena de la Unión Europea (UE) a las amenazas de juicio en contra de los vocales del TSE. Reivindicó además la independencia de poderes con miras al proceso electoral de 2019.

La Defensoría del Pueblo también ha reclamado por esta suerte de presión que ejercen los políticos de ambos bandos en contra de las autoridades electorales.