Como antecedente, Apaza explicó que en 2016 junto a Choque presentaron una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles, heladoras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.

Aseveró que producto de ese caso, la justicia determinó dictar detención domiciliaria contra los concejales Benita Carlo y Hugo Zárate, que al momento de la denuncia eran presidenta y secretario del Concejo Municipal.

Apaza lamentó que los acusados sólo estuvieron un mes con detención domiciliaria y después la justicia les dio permiso para salir a trabajar, a pesar de que se había alegado que no podían volver al Concejo para no obstruir la investigacion.

La concejala señaló que los acusados de corrupción salieron de la detención domiciliaria para hacer venganza contra las denunciantes.

Afirmó que Hugo Zárate ahora es presidente del Concejo y las denunciantes atraviesan un “vía crucis”, porque se les impide realizar su trabajo y sufren tretas para que no asistan a las sesiones.

Apaza indicó, por ejemplo, que antes podían ver la convocatoria a sesiones desde la calle en el inmueble del Concejo Municipal, pero ahora las notificaciones están en un segundo piso y el portero ignora sus llamados para que ingresen al lugar.

Agregó que la directiva también suele llevar las sesiones a otro sector del municipio y ellas, al no enterarse, no pueden llegar a tiempo. Cuando lograr llegar, les dicen que por la tardanza ya tienen falta.

La concejala denunció que, junto a su compañera, están sufriendo de esa estrategia en que no les avisan sobre las sesiones para que tengan faltas. Indicó que la intención de sus detractores es forzar la mayor cantidad de ausencias para justificar su destitución del Concejo.

Apaza indicó que hizo una presentación por acoso político ante la Fiscalía en Sica Sica, pero sus detractores llevaron a sus propios funcionarios testigos de descargo y el Ministerio Público rechazó su denuncia. Indicó que la decisión se ha apelado y se espera una decisión del Fiscal Departamental.

También presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral Departamental, donde le dijeron que la remitirán al Ministerio Público. Asimismo, denunció el hecho ante la Asociación de Concejalas de Bolivia.

Indicó que también se presentó ante el Ministerio de Justicia que le otorgó, pero el mismo tiene varios casos y no puede ayudarla. La concejala manifestó que ya agotó todas las instancias de denuncia y ahora sólo le quedan los medios de comunicación.

Dijo que junto a su compañera sienten que cargan una cruz por ser mujeres y haber denunciado corrupción. Cree que están pagando las consecuencias de no ser sumisas. Apaza espera que cuando la justicia llegue, no sea muy tarde.