Como antecedente, Apaza explicó que en 2016 junto a Choque presentaron una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles, heladoras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.

Según ERBOL, afirmó que la justicia determinó dictar detención domiciliaria contra los concejales Benita Carlo y Hugo Zárate, que al momento de la denuncia eran presidenta y secretario del Concejo Municipal.

Apaza lamentó que los acusados sólo estuvieron un mes con detención domiciliaria y después la justicia les dio permiso para salir a trabajar, a pesar de que se había alegado que no podían volver al Concejo para no obstruir la investigación.

La concejala señaló que los acusados salieron de la detención domiciliaria para vengarse de  las denunciantes.

Afirmó que Hugo Zárate ahora es presidente del Concejo y las denunciantes atraviesan un vía crucis porque se les impide realizar su trabajo y sufren tretas para que no asistan a  sesiones.

Apaza indicó, por ejemplo, que antes podían ver la convocatoria a sesiones desde la calle en el inmueble del Concejo Municipal, pero ahora las notificaciones están en un segundo piso y el portero ignora sus llamados para que ingresen al lugar.

La directiva también suele llevar las sesiones a otro sector del municipio y ellas, al no enterarse, no pueden llegar a tiempo. Cuando llegan  les dicen que por la tardanza ya tienen falta.

La concejala denunció que  junto a su compañera  están sufriendo de esa estrategia en que no les avisan sobre las sesiones.