Problema de fondo. La Constitución de Bolivia aprobada por Referéndum de 25 de enero de 2009 (61.43%), una de las más extensas y ricas en contenidos de derechos individuales y sociales, pese a contar con la mayoría del pueblo boliviano entró en vigencia el 7 de febrero de 2009 y fueron los actuales mandatarios de gobierno Evo Morales Ayma y García Linera quienes sancionaron y la promulgaron. Sin embargo,  a solo cuatro años de su efímera aplicación, los primeros en vulnerarla fueron sus propios impulsores, porque el mandato 2014-2019 es una artimaña del Tribunal Constitucional Plurinacional, que  bajo un argumento insustentable y mediante dictamen 0003/2013, declararon que los periodos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución no se cuentan, por tratarse ya no de la República, sino del Estado Plurinacional de Bolivia.

Aquí empieza el calvario del Tribunal Constitucional, que sin ninguna prolijidad se lleva por delante la Constitución que debió resguardar por mandato constitucional ¿es que el Tribunal Constitucional no vela por la supremacía de la Constitución? (art. 196.I de la CPE). Se olvida que los beneficiarios de la interpretación inconstitucional de Disposiciones Transitorias Primera, parágrafo II de la Constitución, meridianamente dice: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Cómo un Tribunal Constitucional no va ser objeto de reproches de especial dureza por académicos y doctrinarios, si pone en contrapunta en el patio trasero a la Constitución. Todo ello ha suscitado un explicable mayor interés de la ciudadanía, obviamente en un segundo escenario de transcurridos cuatro años más, para censurar tóxicamente a los seis magistrados del Constitucional, que desconociendo los efectos vinculantes y obligatorios del Referéndum de 21 de febrero de 2016, y ante una demanda abstracta de inconstitucionalidad de senadora y diputados del MAS sobre los artículos 156, 168, 285.II y 288 de la CPE y normas del Régimen Electoral, fraudulentamente dictan la sentencia 0084/2017 de 28 de noviembre, habilitando a Evo Morales y García Linera y demás autoridades surgidas de urnas, en forma indefinida.

Los seis magistrados firmantes tanto de la Declaración Constitucional 0003/2013 de 25 de abril como de la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre, en forma vergonzosa, frívola y espuria dan pie a la ruptura del orden democrático constitucional y se engarza de esta tóxica decisión el Tribunal Supremo Electoral al dictar la Resolución 0645/2018 de 4 de diciembre, habilitando ilegal e inconstitucionalmente a las elecciones primarias y por ende a las elecciones generales al binomio Evo Morales Ayma y García Linera de 2019  y, a los futuros procesos electorales, reconociendo la aplicación preferente del artículo 23 de la CADH.  

Estado de derecho, muerto. Cuando un gobierno no respeta la democracia constitucional y participativa y tampoco la libertad de expresión, el Estado de Derecho ha muerto. Si los mandatarios controlan hegemónicamente los poderes: Tribunal Constitucional Plurinacional, Asamblea Legislativa Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral sin respetar la separación funcional, coordinación y cooperación, el Estado de Derecho está ausente; el falso récord y modelo democrático degradado por los abusos de poder político para no ser descubiertos futuramente de la altísima corrupción y delincuencia vinculada con la vida de un centenar de ciudadanos, la persecución y juzgamiento a ciudadanos que libremente manifiestan su indignación con el BOLIVIA dijo NO; como no lo es la invasión de venezolanos, cubanos, rusos e iraníes que se refugian en la base militar de Chimoré, quien sabe para disimular con mandil blanco o con ropaje de policías para reprimir a los ciudadanos  bolivianos que dignamente deciden mediante manifestaciones, huelgas de hambre y paros cívicos defender la democracia, la Constitución y el Referéndum de 21 de febrero.