Desde la transición a la democracia hace 35 años, las bolivianas y los bolivianos hemos acudido de manera sucesiva a las urnas para elegir presidente y asambleístas. Pronto empezamos a votar también para alcaldes y concejales municipales. Y luego pasamos a elegir por voto a gobernadores y asambleístas departamentales. En una ocasión fuimos convocados a comicios para conformar la Asamblea Constituyente. Y en 2011 estrenamos la elección popular de las máximas autoridades judiciales.

En general, con excepción de los comicios de 1989 manipulados por la “banda de los cuatro”, nuestros procesos electorales han sido y son plurales y competitivos, con resultados aceptados por los actores relevantes. Pero quizás la mayor cualidad de la democracia boliviana es que las elecciones cuentan con amplia participación ciudadana. Más allá de que el voto sea obligatorio, la ciudadanía lo asume como un derecho. Y nuestros niveles de participación están entre los más altos de la región.

¿Qué podemos decir de la aspiración democrática de que el voto sea informado? Hablamos de voto informado para dar cuenta de un voto que se emite con conocimiento de lo que se está decidiendo: las candidaturas y programas de gobierno en elecciones, las opciones en referéndums. El ideal en democracia es que la información prime por encima de presiones, descalificaciones y consignas, es decir, que la ciudadanía disponga de un panorama lo más completo posible para tomar libremente su decisión en las urnas.

Esta cuestión es parte hoy del debate político en torno a las elecciones judiciales del 3 de diciembre. ¿Cómo impulsar el voto informado en unos comicios que, por su especificidad y naturaleza, no presuponen la realización de campaña y propaganda electoral? ¿Cómo lograr, en poco tiempo, que la ciudadanía tenga referencias suficientes sobre los 32 candidatos que estarán en las papeletas de votación en cada departamento? Se trata de un desafío fundamental de información y de difusión de méritos.

En la primera experiencia de votación para las autoridades judiciales, en 2011, se impuso el voto consigna: ya sea por el blanco o nulo, ya sea por determinados candidatos. Es esencial que, como parte de nuestro aprendizaje democrático, el 3 de diciembre prime el voto informado. No es tarea sencilla. Supone como condición que, sin descalificación previa, la ciudadanía tenga acceso a información y conozca a los candidatos para decidir, recién, a cuáles elige o si acaso no opta por ninguno.