Después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó su fallo a favor de la repostulación sin límites de las autoridades electas, la mirada se orientó al TSE, cuya función es la administración de los procesos electorales y decidir sobre la habilitación o no de los candidatos del oficialismo, conforme al referéndum del 21F.

Para la oposición partidaria y activista, el TSE debe cumplir el referéndum del 21 de febrero de 2016, porque es expresión de la voluntad popular que rechazó de manera mayoritaria la repostulación por un nuevo mandato de los dignatarios de Estado.

Pero el gobernante MAS, aplica otra interpretación, acorde al fallo del TCP, pues asegura que está por encima del referéndum, argumentando además la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la Constitución Política del Estado (CPE).

Los resultados de un referéndum y un fallo del TCP tienen carácter vinculante, son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo a la Constitución. El TSE señaló que analizaría cuál tiene mayor preeminencia: si el referéndum o el fallo.

Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera ha indicado que “ante esas dudas que puede tener el Tribunal Supremo Electoral ‘de qué hago’: no dude, usted no puede dudar, porque usted no interpreta, usted simplemente ejecuta lo que dice un órgano superior en el ámbito constitucional que se llama Tribunal Constitucional Plurinacional”, sentenció.

Y así sucedió, el 4 de diciembre cuatro de seis vocales aprobaron la resolución de habilitación de Morales y García Linera, los vocales Dunia Sandoval y Antonio Costas expresaron voto disidente.

Mientras que María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Lucy Cruz y Lidia Iriarte definieron que el fallo 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional está por encima del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Según su resolución el TCP interpretó que en materia de derechos, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene preponderancia sobre la Constitución Política del Estado que limita la reelección de los mandatarios.

La decisión generó una ola de rechazos, de políticos, de instituciones de la sociedad civil, de plataformas ciudadanas que se expresaron en un paro cívico, vigilias, una marcha universitaria en Santa Cruz que terminó en ataques al Tribunal Electoral Departamental, y los cívicos que con una huelga de hambre buscan presionar a la inhabilitación del binomio del MAS. 

El presidente Evo Morales develó que las elecciones primarias en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) fue una propuesta del Órgano Electoral y que él había sido “sorprendido” con la idea; mientras que el presidente del Senado, Milton Barón dijo que había existido acuerdo para viabilizar la norma, aunque la expresidenta Katia Uriona salió al paso para negar el extremo, lo que generó más dudas que certezas sobre la independencia del Órgano Electoral.

Con la LOP promulgada, el TSE aprobó el reglamento de las elecciones primarias, con la disidencia de Uriona, Dunia Sandóval y Antonio Costas; después de impulsar ambos procesos el exvicepresidente José Luis Exeni renunció al cargo por razones de salud dejando la Sala Plena con seis vocales.

La disidencia de los vocales fue a varios artículos del reglamento, pero en particular a la disposición 40 que limitaba la impugnación de binomios solo a los militantes del partido político; en criterio de los opositores viola la Ley del Régimen Electoral para impugnar las candidaturas.

En un escenario de diferencias en el TSE, Uriona presentó su renuncia bajo el argumento de  que la Sala Plena había “llegado a una situación de estancamiento  en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad, los principios y valores”, sostuvo al dimitir de su cargo.

El organismo quedó desempatado, con una correlación de fuerzas de 3 vocales a dos, es decir, una mayoría de vocales denunciados de ser afines al MAS: Idelfonso Mamani, María Eugenia Choque, que luego fue elegida presidenta, y Lucy Cruz,  vocal nombrada por el mandatario de acuerdo a ley, contra dos vocales como Costas y Sandoval.

Las reacciones reflejaban de una crisis del organismo “El poder Judicial está sometido al Gobierno, la renuncia de K. Uriona lleva al poder Electoral a estar también sometido al gobierno. Nos acercamos a una grave crisis del Estado, todo para legitimar la postulación ilegal del Presidente”, advirtió el expresidente y candidato por el FRI, Carlos Mesa.

"No existe crisis", respondió Sandóval; por su parte sus colegas Choque y Costas, negaron que la disidencia de Uriona, Costas y Sandoval sobre el reglamento para las elecciones primarias hubiera provocado una división o vaya a afectar la estabilidad del Tribunal.

Frente a las medidas de presión de cívicos y plataformas ciudadanas, el MAS advirtió con movilizaciones y cercos en los departamentos, si es necesario, para defender el denominado proceso de cambio, y garantizar la permanencia de su binomio presidencial en carrera electoral.

Mientras la oposición se juega con llamados a presionar hasta que el TSE inhabilite al binomio oficialista o que éste desista de su candidatura; la otra vía para forzar son los mecanismos legales con el objetivo de dejar fuera a Morales y García Linera.

El TSE ha anticipado que el binomio oficialista no será inhabilitado como consecuencia de las solicitudes de impugnación, por lo que los cívicos han iniciado una huelga de hambre nacional, algunos dudan de su efectividad en un escenario festivo por la celebración de la Navidad y Año Nuevo.

Los políticos y entidades de la sociedad civil ven un largo camino hacia las elecciones generales de 2019, un año de campaña electoral y resistencia a las candidaturas de los mandatarios.

Un último hecho acaecido a fines de noviembre fue la apertura del TSE sobre los registros de los partidos políticos desde 1991, para que los ciudadanos verifiquen su pertenencia partidaria.

Miles de ciudadanos denunciaron que fueron inscritos en las organizaciones políticas sin su consentimiento, otros que siendo de un partido aparecieron registrados en fuerzas políticas contrarias.

La situación ha llevado a cuestionar cómo los partidos políticos tienen los datos de las personas, aunque el TSE ha responsabilizado a las organizaciones políticas por la inscripción irregular de los ciudadanos.

El TSE entrega los padrones de militantes actualizados que anunció estarían totalmente “limpios”.