Al día siguiente, sin que todavía sea posible identificar las razones, aunque en algunos casos plenamente entendibles, el aparato político y mediático de la oposición intentó confundir a la población mediante la hipótesis de que esos actos políticos, disfrazados de vandalismo, fueron ejecutados por “infiltrados” del oficialismo con el objetivo de desacreditar la protesta docente-estudiantil contra la habilitación de Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones primarias y generales de enero y octubre de 2019, respectivamente.
Pero, sin que pasaran tres días, investigaciones de la Policía dan cuenta de que esos actos de violencia se desarrollaron sobre la base de una estructura bien organizada que incluye autores intelectuales, ejecutores y fuentes de financiamiento. Ahí la situación empieza a cobrar sentido, pero sigue siendo inexplicable la línea informativa de algunos medios que matizaron el descubrimiento de Inteligencia y los técnicos policiales. Está claro que algo más que vandalismo se dio el martes 11.
La marcha de cualquier persona, por el motivo que fuera, está plenamente garantizada por la Constitución Política del Estado. Entonces, es una falsedad que se esté criminalizando la movilización universitaria, como intentan hacer creer los actores de la oposición. Es seguro que la inmensa mayoría de los universitarios formaron parte de la protesta por varias razones (desde su convicción hasta evitar y/o obtener una ventaja académica), lo que es legítimo por más incomprensible que sea hacer una manifestación contra el Gobierno que cambió la vida del país en positivo. Pero la experiencia histórica también muestra que una marcha puede ser aprovechada por cierta estructura para desplegar sus acciones antidemocráticas. Esto parece ser lo que sucedió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
Una manifestación pacífica no es lo mismo que protestas con amagos o hechos de violencia, ni mucho menos con advertencias de “hasta las últimas consecuencias”. Ese tipo de amenazas verbales fueron la antesala, en el período 2008-2009, de acciones de desestabilización, de toma de instituciones, de violencias y de preparativos, con la contratación de mercenarios extranjeros, de un magnicidio. Es una ruta más o menos conocida. Es posible que esas declaraciones grandilocuentes de algunos opositores no busquen generar esos hechos de violencia, pero muchas veces desatan una dinámica que los hace inevitables. 
No hay razón para las protestas de la oposición con amenazas de “hasta las últimas consecuencias”. Evo Morales y Álvaro García Linera están habilitados para las elecciones primarias y generales. Hay una sentencia constitucional de por medio. Lo que deben hacer los opositores políticos es presentar un proyecto alternativo a la gente y los medios de comunicación que los respaldan deben actuar con mayor responsabilidad.
La violencia es un método de desestabilización y hay sectores de la oposición que apuestan por ese camino, a pesar de la retórica democrática.