En semanas recientes, la temperatura política ha registrado continuo ascenso, poniendo en peligro de estallido el termómetro que registra el clima social del país. El ascenso de la intranquilidad ha preocupado a diversas entidades sociales, eclesiásticas, partidarias, locales y extranjeras que han dado las más alarmantes definiciones sobre el acontecer nacional.

Ese fenómeno no es reciente y se vino acumulando poco a poco, hasta llegar a niveles que se podría considerar lejanos o imposibles. La escalada empezó con un inocente intercambio de palabras, para derivar en debates caldeados que llevaban la situación al extremo de irse a las manos. Pero, contra todo pronóstico, ese panorama ha ido aumentando de violencia, hasta pasar de hechos de relativa importancia a sucesos de gravedad, como ocurrió en Santa Cruz, donde una masa enardecida por pasiones políticas asaltó y prendió fuego a instituciones estatales como el Tribunal Electoral, que fue arrasado por las llamas.

En forma general se observa que el ámbito político en el país está en un proceso de calentamiento, con dudoso futuro. Tiende, en efecto, a caldearse más aún y entrar en una etapa de declinación con motivo de las fiestas de fin de año, aunque podría seguir un curso contrario, como ocurrió el año pasado con el paro de los médicos, que culminó con un brote de rebelión y la abrogación del Código del Sistema Penal, aprobado después de una larga gestión parlamentaria, ante el inminente peligro de que el incendio llegue a mayores.

En todo caso, se observa que la crisis política que enfrenta el país ha pasado de las palabras a los hechos, fenómeno social que está al margen de la voluntad de la población y se origina en situaciones no difíciles de diagnosticar, las mismas que son consecuencia de la ley causa-efecto. En esencia, a mayor gravedad de la causa, los frutos son mayores y si esas causales no desaparecen, los resultados persistirán e inclusive aumentarán. Una de esas causas, notoria a simple vista, es que el partido gobernante perdió en el referéndum del 21 de febrero de 2016, lo que, por un lado, es defendido a brazo partido por la mayoría del pueblo que votó por el ¡NO! y no permite que la voluntad del Soberano sea desconocida impunemente, mientras, por otro, la capilla gobernante trata de anularlo con apoyo de los tribunales Supremo de Justicia y Supremo Electoral, denunciados de prevaricato y violar la Constitución, cuyos fallos han determinado la escalada de violencia, la irritación de la opinión pública y, a fin de cuentas, “echar leña al fuego”, empujando al país a una situación política que puede culminar en hechos inimaginables.