Los derechos humanos son una conquista de los ciudadanos de a pie contra los abusos de los que detentan el poder y nunca pueden invocarse por los gobernantes, salvo que se intente instrumentalizar como se ha hecho con las instituciones democráticas para terminar con las libertades ciudadanas. No respetar la voluntad popular echa por la borda los principios democráticos más elementales.

El autoritarismo en sentido amplio es una categoría que engloba aquellas experiencias no democráticas y que tienen un denominador común: se prescinde del consentimiento de los gobernados, pero con un trasfondo ideológico reaccionario. El poder no deriva de la voluntad de los gobernados libremente expresada de forma periódica y no responde por tanto ante ellos, y tampoco encuentra límites, dado que no se reconocen los derechos individuales.

Lo que late en el fondo de las soluciones autoritarias es una profunda desconfianza en la capacidad de autogobierno del pueblo. Aquí se afirma sin complejo alguno que ciertas élites son superiores a la masa y se cultiva una fe ciega en un líder carismático, que posee (supuestamente) cualidades excepcionales (es prácticamente infalible) e interpreta las necesidades nacionales con un sentido providencial y, por tanto, solo responde ante la historia (La historia me absolverá, Fidel Castro).

El autoritarismo se fundamenta, igualmente, en el nacionalismo exasperado, y exacerbado, asociado en ocasiones a la idea de superioridad, incluso racial como el mito de la superioridad de la raza aria con Hitler, que terminó conduciendo al holocausto y el exterminio de millones de judíos. Y lo que es más importante, al Estado han de subordinarse los intereses individuales, como en su momento lo graficó Mussolini: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

Algunas notas diferenciales del Estado autoritario, que contrastan con el Estado democrático y liberal:

1) Frente al principio liberal de división de poderes, se opta por la concentración de poderes, de funciones, en el jefe del Estado, que lo es también del Gobierno y del partido, sin cortapisa alguna.

2) Para facilitar el ejercicio discrecional del poder, se prescinde de cualquier garantía constitucional efectiva, como la propia rigidez de la Constitución.

3) Se descarta todo tipo de consulta o procedimiento electoral fiable (solo se organizan algunos plebiscitos). Se desprecia la representación política, que se descalifica como signo de la descomposición liberal, y se reemplaza por un sucedáneo: la representación corporativa en instituciones a las que se encomienda la función de conciliación de intereses, controladas por el partido único.

4) La ausencia de límites en el ejercicio del poder comporta la abolición de los derechos y libertades individuales. Todo brote de oposición o disidencia es sofocado, llegándose incluso a la eliminación física.

5) Junto al aparato del Estado existe un partido único que desempeña un papel decisivo como centro de impulso y dirección de la vida política: se produce una confusión entre Estado y partido.

6) La imposición de una ideología oficial (de una moral oficial incluso), exclusiva y excluyente, mediante técnicas de propaganda y medidas represivas muy intensas, porque una buena dosis de terror cumple una función de intimidación. Se trata de modelar las conciencias con un férreo control y una manipulación sistemática de la información.

7) Identificación o completa fusión de la organización del Estado y la organización del partido único, hasta el extremo de que las estructuras del Estado están subordinadas al centro real de poder que es el partido, incluso con milicias propias, con una parafernalia militar (desfiles, uniformes, jerarquía).

8) La seguridad jurídica brilla por su ausencia, y la situación de indefensión resulta aún mayor para los catalogados ‘enemigos’ del régimen, que son perseguidos y reprimidos y a los que se aplican medidas de aislamiento, cuya expresión más trágica fueron los campos de concentración, de exterminio, en la Alemania de Hitler.