Ni la apuesta prorroguista de la cúpula, a la cabeza de Morales y García, ni la decisión de echar mano de la violencia con tal de consolidarla fueron un secreto para los que seguían de cerca los acontecimientos políticos en Bolivia. La dupla oficialista nunca escondió sus propósitos. Año tras año fue anunciando las llamas de fuego, que de inmediato lanzaba, hacia cada uno de sus objetivos. Primero fue contra la Constitución. Luego, contra cada uno de los otros poderes del Estado: Legislativo y Judicial fueron blancos fáciles. Siguieron en la lista oficial todas las entidades públicas autónomas, sin excepción alguna, así como los aparatos de represión estatal. Del fuego gubernamental no se salvaron ni el Defensor del Pueblo ni las organizaciones sindicales.

La piromanía gubernamental tampoco dejó escapar ilesos a otros sectores de la sociedad civil. Provocó incendios con consecuencias nefastas en los medios de comunicación y en las organizaciones profesionales y empresariales. No hubo cuerpo de bomberos capaz de enfrentar semejante arremetida de pirómanos empoderados por ejércitos de entusiastas enceguecidos por las llamaradas, y de bandas de inertes cooptados a cambio de pinches ventajas pasajeras. Los resultados del desastre están hoy a la vista, aunque aun haya más de un quemado que se resista a reconocer su cuerpo lacerado. Tal vez sea la resistencia de este y de tantos otros la responsable de la impunidad con la que siguen activos los pirómanos, aun cuando ya no habiten el viejo Palacio Quemado. 

Es posible que sea esa incapacidad de ver dónde se generan los incendios lo que lleva a muchos a repetir absurdos inconcebibles en estos días. Declaraciones ridículas como la hecha hace poco por un senador del MAS, pretendiendo atribuir a “la oposición violenta” la “destrucción de la institucionalidad democrática” del país. Lamentablemente, coreado incluso por algunos que dicen ser opositores al régimen actual. ¿De qué institucionalidad democrática hablan esos, en un país carente de esa cualidad desde hace varios años? Un simple ejercicio basta para recordar que Bolivia carece de tal institucionalidad: no existe en el país independencia de poderes, principal característica de un sistema democrático. No existe y la posibilidad de reconquistarla está cada vez más lejos.

No es una tarea imposible, por supuesto. Pero la realidad actual nos está mostrando que los bolivianos nos alejamos cada vez más de la posibilidad de retomar la construcción y la consolidación de la institucionalidad democrática. Las trabas ya no están solo en un poder despótico que hace gala de sus atropellos, sino también –y tal vez en este momento, de forma más notoria- en una sociedad prisionera del espanto y del terror de enfrentar a los pirómanos que la gobiernan. Miedo a llamar a las cosas por su nombre. Miedo a señalar los errores propios y ajenos. Miedo a enfrentar a los jefazos que promueven los incendios y a los otros más cercanos, que incluso tienen más poder para apagar las llamas. Miedo es ahora la palabra clave. La palabra freno. La palabra a vencer.

Habrá que recurrir a los bomberos de verdad, a esos hombres y mujeres que combaten a diario las llamas de los incendios que destruyen casas y bosques para que cuenten cómo encaran y apagan los fuegos de la vida real, sin otra arma que el coraje y las ganas de salvar vidas. Y en casi todos los casos, sin los equipos y materiales adecuados para ello. Lo logran, simplemente porque antes vencieron el miedo. Que una idea fuerza nos ayude a todos a vencer el miedo: “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes” (Montesquieu).