Frente a esto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió que los ‘vínculos que tengan los vándalos’ no son determinantes, y frente a la preocupación por la falta de transparencia por parte de estas organizaciones, sugirió que si tienen pruebas, se presenten para aportar con la investigación.

“Queremos establecer a los autores materiales e intelectuales, pero independientemente de su militancia o vínculos”, afirmó.

Pese a que Romero con anterioridad acusó a los cívicos de instigar al desorden y los llamó a asumir responsabilidades, esta vez refirió que “los delitos no son acciones políticas”, por lo que los actos de los integrantes no los involucra necesariamente.

Ayer se realizó la audiencia informativa del activista Gabriel Justiniano, que se abstuvo de declarar, aunque posteriormente en contacto con la prensa reconoció que estuvo ‘presente’ en la marcha y la quema del TED.

“Estuve presente en la marcha y en la quema del Tribunal Electoral, no conozco a nadie, soy un simple ciudadano que fue a manifestar su enojo contra la violación del voto popular del 21 de febrero”, declaró.

El comandante de la Policía, Alfonso Siles, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, presentaron pruebas en su contra, como fotografías y videos de cámaras de seguridad.

Los jefes policiales hicieron referencia también a Marcelo Subirana, miembro de la Unión Juvenil Cruceñista de La Guardia, y hermano de un concejal de este municipio; se dijo que se encuentra prófugo y se detectó que intenta huir con destino a Perú, tiene antecedentes y estuvo detenido en una anterior oportunidad por robo agravado.

Señalaron que encontraron un audio revelador en el celular de Justiniano, en el que una persona le reclama de forma airada que como integrante de plataformas fue irresponsable; menciona también a Subirana y los califica a ambos de ‘maleantes y masistas’. El audio es analizado por el Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (Iitcup).

Justiniano es acusado de delito de asociación delictuosa, destrozos y daño público; en la audiencia de hoy pedirán la detención preventiva en Palmasola.

Según la Policía, se tienen identificados a otros activistas, pero por fines investigativos no se puede emitir criterio. Medina dijo que se trabaja en la identificación de protagonistas y en detectar a sus financiadores y autores intelectuales.

Hay incertidumbre

La integrante de Plataformas Unidas, Pamela Flores, ratificó que quienes causaron los destrozos eran infiltrados, y puso en duda la transparencia de la investigación, a lo que pidió que la Policía muestre pruebas, porque caso contrario, significa que buscan utilizar el vandalismo para perseguir o ‘secuestrarlos’, como hicieron con Justiniano, que fue detenido en su consultorio sin una orden judicial.

“Que muestren pruebas. Solo inculpan. No se puede culpar por estar presente, por más que haya pasado algo en ese lugar. Puede ser un hecho fortuito”, dijo.

El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Samuel Ruiz, ratificó que Subirana, al igual que su hermano, forman parte de esta institución, y que lucharon en el pasado en defensa de los intereses de la región. Aclaró que los unionistas no participaron de la marcha del pasado martes, que fue organizada por los universitarios, y que con anticipación advirtieron de que había infiltrados que podían desnaturalizar la protesta.

“Nos quieren descabezar porque somos los únicos que les podemos hacer frente. Las plataformas no harán nada, pero nosotros sí. Por eso nos quieren manchar con este hecho; apoyamos a la familia Subirana, pero aclaramos que lo que haya hecho Marcelo fue a título personal y no institucional”, añadió.

Al respecto, el concejal de La Guardia Fernando Subirana señaló que la situación de su hermano es un golpe duro para su familia e hizo un llamado para que ‘dé la cara’ y explique lo sucedido. Añadió que se sienten desamparados, debido a que el Comité pro Santa Cruz no emitió ningún pronunciamiento de apoyo, y les dieron la espalda.

“Duele ver que los líderes cívicos den la espalda a esos jóvenes. No estoy justificando lo malo que hayan hecho, pero deberían ser considerados guerreros”, dijo.

Negó que sean masistas, como los acusan, y dijo que lo hacen para descalificarlos. Añadió que no hay respaldo porque son ‘gente de barrio’, pero si fueran de una familia tradicional lo harían.

La ‘U’ niega participación

El ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Daniel Suárez Cuéllar, negó que los vándalos que quemaron el TED sean universitarios, al contrario, dijo que cerraron la marcha con un discurso y se retiraron.

Suárez se refirió también a fotografías que se difundieron en redes sociales en las que aparece cercano al presidente Evo Morales, junto a otros dirigentes universitarios; justificó como reuniones que hizo como dirigente en busca de apoyo para programas universitarios.

“En esa foto hay dirigentes de 11 universidades a nivel nacional; fue una reunión a la que nos llamó el Gobierno para analizar el presupuesto de las universidades, como las reuniones son públicas, nos sacaron esas fotos; si verifica, constatará que todos son ejecutivos que buscaban lograr más recursos”, explicó.

Adelantó que seguirán apoyando la protesta contra la repostulación y que se comunicarán con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, para anunciarle su apoyo a la huelga de hambre que realiza.

Repercusión internacional

En el marco de las movilizaciones en contra de una cuarta postulación, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aprovechó el escenario internacional que le brindó el encuentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), realizado este fin de semana, para denunciar ‘nuevos métodos golpistas’ de Estados Unidos contra la región.

“Intentarán frenarnos, intentarán alejarnos algunos países, pero tenemos ahí los movimientos sociales”, dijo Morales, a la vez que identificó a las ‘mentiras en las redes sociales’ como una de sus amenazas.

En paralelo, crece también la crítica internacional por la decisión de Morales de buscar una cuarta elección, tras la habilitación por parte del Tribunal Electoral, el caso más reciente es un pronunciamiento del Centro de Estudios para América Latina (Casla, Institute).

“Vemos con preocupación cómo la situación en estos tres países han empeorado, cómo Bolivia transita aceleradamente hacia la consolidación de un sistema no democrático y cómo los crímenes de lesa humanidad se han cometido masivamente en Nicaragua y Venezuela”, señala Casla en este documento.

Esta declaración se suma a la realizada con anterioridad por la Unión Europea, que exhortó a los Estados a garantizar los derechos humanos y políticos, como la libertad de pensamiento, expresión y de respeto a la voluntad popular.

Puntos de vista

El politólogo Manfredo Bravo ve una estrategia de desmovilización orquestada por el Gobierno, pero considera que, al contrario, se generará una expansiva de descontento. Adelantó que la tecnología y las redes sociales ayudan a que se difunda información y se identifique a elementos ‘infiltrados’ fotografiados con gente del Gobierno.

El politólogo Wim Kamerbeek identifica tres hipótesis que se manejan: que hay infiltrados en las marchas en defensa del 21-F, que en las marchas en defensa del 21-F hay vándalos y que los disturbios en Santa Cruz son producto de un descontento generalizado con el MAS, por el autoritarismo en la administración del Estado.

Se refirió también a la versión del comandante de la Policía, Alfonso Siles, que dijo que había guardias al interior, a lo que cuestionó por qué, con el antecedente de enfrentamientos en el TSE, dispuso poco personal, lo que evidencia que se 'subestima' este clima de tensión.