Esa misma verborrea de improperios hace que disminuya nuestra capacidad de atar cabos y relacionar hechos para analizarlos, aunque la evidencia sea contundente. En medio de las maniobras distractoras y de los montajes oscuros y violentos de quienes trabajan en la sombra del régimen (Quintana, Moldiz, etc.) para preparar el terreno de las futuras decisiones dictatoriales, pasan desapercibidos algunos anuncios que vale la pena rescatar antes de que, como tantas cosas, se las trague la amnesia colectiva.

 La amnesia colectiva es peor que el bozal que muchos llevan puesto atemorizados por las represalias que suele tomar el gobierno cuando algo se denuncia. Por ejemplo, llama la atención que la noticia publicada en el diario más serio de La Paz (este, por supuesto) sobre la empresa Bolivia China Oriente Petróleo & Gas, que desapareció dejando una deuda de 7.000 millones de bolivianos al fisco, no haya merecido mayor análisis ni comentario del gobierno (ni mayor seguimiento de este diario).

 Pasó casi desapercibida aunque el dato es escalofriante: la empresa fantasma encabeza la lista de deudores del SIN con el 23% del total.

 No quiero regalar a la amnesia colectiva dos declaraciones de autoridades de gobierno en esta semana. En una de ellas, el cacique nacional Evo Morales declaró delante de representantes de la Unión Europea y de Naciones Unidas que en el Chapare ya no se cultiva coca y quienes lo hacen “solo son peones”. Decir esto en un pueblito perdido del altiplano vaya y pase, pero en la Reunión Técnica Operativa Regional de Lucha contra el Narcotráfico es un insulto a la inteligencia de todos los presentes. El jefazo quiso minimizar el dato contundente de la Unión Europea: el 94% de la hoja de coca cultivada en el Chapare está destinada a la producción de cocaína. 

 Al final de su discurso los dignos representantes de organismos internacionales aplaudieron diplomáticamente, por supuesto. El miedo que tienen cuando se refieren al “proceso de cambio” es notorio. Por lo menos el de la Unión Europea tuvo el valor de declarar ante los periodistas que la democracia está indisolublemente ligada a la Constitución Política del Estado, mientras que el de Naciones Unidas brilló nuevamente por su ambigüedad timorata al declarar que lo que importa es “el voto”, y respaldó la habilitación ilegal de Evo Morales y García Linera. 

 La otra declaración que capturó mi atención fue del ministro de Economía, el oscuro Guillén. Cuando se publicaron “20 alertas” y un instructivo para que los notarios informen a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre las transacciones en efectivo en la compra y venta de inmuebles o vehículos, no tardó Guillén en declarar que esa fiscalización solo se aplicaría a montos mayores a 300 mil dólares. En otras palabras, el ministro autorizó el lavado y planchado de dinero en efecto o proveniente del narcotráfico y del contrabando. Digno de Ripley…

 En la mayoría de los países que tratan de controlar el dinero mal habido, los límites para las transacciones en efectivo son de 10.000 o 20.000 dólares. De la misma manera que las aduanas obligan a declarar montos en efectivo mayores a 10.000 dólares, los países que son víctimas del narcotráfico tienen disposiciones que sancionan las transacciones en efectivo que no pasan por el sistema bancario porque llegan en fajos de billetes que son producto de negocios turbios. La manera de blanquear, lavar y planchar ese dinero sucio es la compra en efectivo de departamentos, casas y vehículos (con dólares, ni siquiera con el “estable” boliviano). 

 Fijar el monto “sospechoso” encima de 300 mil dólares es dar licencia a cualquier narco o contrabandista para que compre un departamento por 299 mil dólares.  Los departamentos más caros, en la zona Sur de la ciudad, cuestan entre 180 y 250 mil dólares. En tres o cuatro transacciones distintas un narco o contrabandista puede adquirir varios departamentos en efectivo y mandarle de regalo una botella de etiqueta azul al masista que funge de ministro.

 Entonces, las dos declaraciones están vinculadas: por una parte el Presidente hace la vista gorda del aumento de producción y tráfico de cocaína en Bolivia, y, por otra, su ministro autoriza el lavado de dinero mal habido. El sistema funciona entonces de manera coordinada y está bien aceitado. En lugar de obligar a que toda transacción superior a 10.000 dólares pase por el sistema bancario, el gobierno facilita el blanqueo con unas “alertas” a los notarios, que valen también como recomendaciones para narcos y contrabandistas.