La designación de Lanchipa, que estuvo al frente de la gubernamental Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), contradice el artículo 227 de la Constitución Política del Estado, que establece que el fiscal general del Estado debe cumplir con los requisitos generales de los servidores públicos, así como los específicos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Esto significa, además, que también está en contrapelo con el artículo 182 de la Carta Magna.