Los juristas José Antonio Rivera, Joadel Bravo, William Herrera y Silvia Salame identificaron estos males estructurales y también dan algunas pautas de solución. 

Hay coincidencias en temas trascendentales que urgen ser atendidos y están al alcance de los magistrados elegidos, pero en otros campos, como la asignación de recursos que dependen de la programación del Poder Ejecutivo, muestran que transformar la justicia no está completamente en sus manos.

1. La independencia judicial
La alta injerencia política en el Órgano Judicial es el primer mal que deben resistir. Rivera considera que se tiene que tener presente que esto se ejerce, no se pide. Esto también está ligado a la independencia económica, estabilidad laboral, los fueros institucionales.

La jurista Silvia Salame considera que la justicia boliviana se encuentra en un profundo pozo y que para salir de él se necesita que el Poder Legislativo y el Ejecutivo respeten la independencia del Órgano Judicial. Esta posición se enmarca en los cuestionamientos que surgieron al proceso de selección de candidatos que estuvo en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría oficialista.

A su vez, el exfiscal William Herrera resalta que es fundamental la independencia del Órgano Judicial. “Creo que es la madre del cordero, porque en la medida que no haya independencia, todos los otros atributos se anulan”.

2. El presupuesto

El segundo problema es la baja asignación presupuestaria porque, según Rivera, en los últimos cinco años, el Órgano Judicial ha recibido el 0,29 por ciento mientras que en otros países, como Honduras, se asigna 4,5 y en Costa Rica se llegó a recibir el 9%.

La falta de presupuesto se traduce en la carencia de infraestructura, de equipamiento y de más juzgados. Según Rivera, de 339 municipios solo 180 tienen cobertura judicial, lo que lleva a una retardación de justicia.   

Salame cree necesario incrementar el presupuesto para que los municipios tengan jueces, así como mejorar el acceso a los avances tecnológicos, reforzar la transparencia en los fallos, y para ello, si es posible, se deben televisar los sorteos de jueces y las audiencias.

El exfiscal Bravo resalta que el tema de presupuesto es básico para que los jueces sean bien remunerados, para evitar que caigan en corrupción. También tienen que ver en poner en marcha la digitalización de los expedientes.

A criterio de Herrera, la autonomía económica permitirá generar políticas que ayuden a descongestionar los juzgados y aumentar el número de jueces, con lo que se combatirá la retardación de justicia. “Se debe fortalecer al Órgano Judicial, no debilitarlo, pero lamentablemente está en una debilidad tal que es insostenible”, cuestionó. 

3. La carrera judicial
Hacer viable la carrera judicial está en manos de los magistrados, principalmente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, que tienen que implementarlo como un tema de garantía a la independencia de los jueces y garantizando su estabilidad laboral por los ingresos a través de concursos de méritos, examen de competencias, previo paso por la escuela de jueces y evaluaciones, entre otros, considera Rivera. 

Los demás comparten que esta tarea debe ser una prioridad.

4. En lo institucional 
Los expertos coinciden en que tienen que resolverse los problemas que afectan al ciudadano. Por ejemplo hay provincias que están muy alejadas de la capital y algunos están más cerca de otros departamentos, por lo tanto esto exige una nueva organización territorial, operativo y funcional del Órgano Judicial, acompañada de una descentralización planificada de acuerdo al flujo procesal. Rivera apunta que tal vez tendrían que pensar en crear juzgados móviles que puedan cubrir a aquellos municipios que requieren de un servicio judicial. 

El exfiscal Joadel Bravo plantea que mediante una sentencia constitucional se podrían ajustar los plazos procesales, en el sentido de que ahora las investigaciones preliminares que son hasta tres meses las alargan hasta por un año, porque se confunde con la etapa investigativa, que es de seis meses. “Mediante sentencia constitucional se puede regular y reglamentar, para que en tres meses inicie la investigación o la rechace, considerando que entre el 80 y 90 por ciento de las denuncias no tienen bases fundamentales, eso agilizaría bastante la retardación de justicia”.

Los juristas señalan que los ciudadanos del país son altamente conflictivos, por lo que se hace necesario que las nuevas autoridades puedan encarar una desjudicialización de las relaciones sociales, porque por cualquier pleito llegan a los estrados judiciales. El constitucionalista Rivera señala que es necesario que consideren juzgados de paz que tienen que ser coordinados con las altas autoridades judiciales.  

Bravo cuestionó que existe una gran cantidad de juicios que se resuelven vía judicial, siendo que hay poca cantidad de juzgados, por lo que considera que se debería hacer como en otros países, donde solo llegan a los tribunales los delitos dolosos contra la vida. Recordó que los bolivianos están considerados entre los más pleitistas.

“También se debe hacer seguimiento a los bienes de las personas que ocupan estos cargos porque la corrupción es un problema endémico en Bolivia. La capacitación tiene que empezar por los abogados. El Estado tiene que apoyar a los colegios de abogados para que se capaciten acorde con los cambios que se dan en el ordenamiento jurídico”, aconsejó Silvia Salame.

5. De la mano de la ‘U’
Creen que es fundamental formar profesionales que encaren los problemas judiciales enmarcados en la actualidad. 

En este sentido, Rivera resaltó mucho en que las autoridades judiciales deben coordinar con las universidades públicas y privadas de todo el país, para que hagan un cambio en su diseño curricular y de esta manera puedan formar abogados para la Bolivia actual, que tiene un sistema jurídico plural, que ha sufrido transformaciones.

Hablan los nuevos tribunos
A sus 40 años, Carlos Alberto Calderón ya fue encargado del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz y ahora se apresta a asumir como miembro del Tribunal Constitucional. Asegura que a principios de enero, cuando se haga la inauguración del año judicial, será importante que se puedan reunir de forma conjunta con las otras instituciones que conforman el Órgano Judicial, a objeto de establecer líneas estratégicas que guíen el accionar de las instituciones.

Específicamente en el tema presupuestario indicó que hay que abordarlo, porque tiene que establecer con claridad quién es el gestor para la asignación de estos recursos. “La mayoría de los candidatos han propuesto luchar contra la corrupción y la retardación de justicia, ahora eso hay que ir plasmando en decisiones y en líneas de acción en los próximos seis años”, apuntó Calderón. 

El abogado y militar de carrera Gonzalo Alcón Aliaga, que ahora estará en el Consejo de la Magistratura, señala que el año pasado el presupuesto alcanzó a Bs 931 millones, que no ha sido suficiente para cubrir ni para hacer cambios que permitan crear nuevos juzgados. Para el próximo la situación es similar. “Una vez dentro veremos el tema de presupuesto, de qué manera se puede reajustar, reformular el POA, ver la asignación o solicitar más”.

Considera prioritario encarar un plan de carrera judicial para destacar la meritocracia y dar cabida a profesionales jóvenes, que vienen acompañados de la tecnología y modernidad en el campo. 

Juan Carlos Berríos, antes de ser candidato al Tribunal Supremo Judicial era vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ahora que es el virtual ganador para ese sillón judicial por dicho departamento, dice saber que la tarea que tiene al frente merece dedicación para solucionar varios problemas por las que atraviesa la justicia boliviana. 

Como parte de la solución, dice Berríos, está ejecutar un plan que implique justicia para todos, con eficacia, calidez y buen trato, potenciando la atención a las personas de la tercera edad, las mujeres y los niños.

“También implica hacer un relevamiento de los asientos judiciales de La Paz y a nivel nacional para descongestionar la carga procesal”, dice el jurista, que no esconde la necesidad de medios tecnológicos para que los jueces se dediquen únicamente a dictar sus resoluciones y no estén  ocupados en labores administrativas.

La transparencia también es importante. Eso lo sabe Berríos, por eso propone que se deben hacer auditorías con rendición de cuentas permanentes.

Respecto a los sueldos de los magistrados, considera que se debe hacer un relevamiento de información. “Como somos varios operadores, vamos a hacer una evaluación”, sugiere y también enfatiza diciendo que  así como se le exige al juez que despache soluciones, hay que darle infraestructura, material de escritorio. Hemos presentado una propuesta de descentralización de los juzgados.

Tenemos que hacer permanente capacitación. Cuando lo hacemos a veces no lo socializamos, por ejemplo, todos los códigos que están en vigencia”, sostiene Berríos, que es docente en la universidad pública de El Alto y la Franz Tamayo. Su historial profesional demuestra una carrera ascendente: de auxiliar de juzgado en El Alto fue juez en Sica Sica, luego en la sala civil y llegó a la presidencia del Tribunal de Justicia de La Paz.

José Antonio Revilla Martínez es el virtual ganador por Chuquisaca. Sostiene con aplomo que  “si  hemos postulado es porque se quiere un cambio en la justicia y eso implica una gran responsabilidad y espero que estemos a la altura de conseguir ese objetivo”. 

Añadió: “Sabemos lo que pasa con la justicia, pero se puede cambiar, hay que ser optimista, las cosas no están tan mal como parecen. 
Revilla ha sido juez y el año pasado fungió el cargo de vocal del tribunal departamental. Es docente universitario de la carrera de Derecho de la universidad San Francisco Javier de Chuquisaca.

El magistrado electo Gregorio Aro, que ocupará una de las sillas del Tribunal Agroambiental, adelantó que entre los objetivos de su trabajo será acelerar los trámites judiciales porque así está establecido en la Carta Magna. Respecto al presupuesto dijo que hará una evaluación sobre ese tema y que se investigará cualquier indicio de alguna denuncia. “No permitiremos la corrupción”, enfatizó. 

Creen que la votación los respalda

Pese a que predominó el voto nulo en las elecciones judiciales, las nuevas autoridades que lograron ser parte del Órgano Judicial aseguran que están enmarcadas en la ley y que el ciudadano acudió a los recintos y fijó su posición

Hay voces, como la del presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, que señalaron que carecen de credibilidad las autoridades judiciales electas en las elecciones del pasado domingo. "Hubo una falta de legitimidad respecto a las autoridades que han podido salir, pero eso se debe específicamente a que la forma en que se les ha dado a conocer a la sociedad en su conjunto no fue la adecuada", apuntó. Esto lo dijo luego de conocer que los votos nulos y blancos superaron a los válidos.

Al respecto, Carlos Alberto Calderón, que estará en el TCP, cree que la población ha cumplido y ha dado su posición, aunque sea blanco o nulo, pero se han cumplido las normas. 

De su lado, Gonzalo Alcón Aliaga, que entró al Consejo de la Magistratura, dijo que el voto blanco y nulo se debe en gran porcentaje a la falta de información. “Sí tienen legitimidad, porque esta no es una elección política; hubo un previo proceso de preselección.

“He cumplido 35 años de servicio, soy abogado, politólogo y militar; y he llegado al grado más alto de las Fuerzas Armadas, entonces me valoro y creo ser merecedor de estar en esa lista de candidatos y creo que estoy aceptado por la sociedad... y no tengo ninguna línea política ni partido político”, resaltó.   

La fuerza opositora desde el principio observó el proceso de selección de los candidatos que se sometieron a votación el pasado domingo cuando se eligió a 26 máximas autoridades, tres del Consejo de la Magistratura, cinco en el Tribunal Agroambiental, nueve del Tribunal Supremo de Justicia y nueve del Tribunal Constitucional Plurinacional.