En todo un año, la Asamblea Legislativa Departamental no ha podido dar luz verde a la Ley Electoral, una ley orgánica que no esconde mayores misterios que aplicar las leyes de referencia, pero que exige consensos para evitar que el tema se convierta en un arma arrojadiza.

Es necesario un cierre consensuado, en este y en todos los temas, para dar una solución sin vencedores ni vencidos, apegado a la norma, a la razón y que sobre todo, ponga por delante el interés departamental

El principal escollo es la eliminación de la figura de los subgobernadores electos, una disposición que ya indicó el Tribunal Constitucional y que ya fue eliminado del Estatuto para su homologación y que por lo tanto, cualquier invocación parecería ir en contra de las leyes fundamentales. El MAS trata con el bloqueo sistemático del tratamiento perder una de sus fuentes de poder. Las subgobernaciones se han convertido en la viva expresión del caudillismo de otras épocas, con sus prebendas y grupos de poder, infladas por la administración de ingentes cantidades de recursos durante la gestión de Lino Condori y que se han venido a convertir en deudas y miserias.

La lógica se repite con el reparto de escaños. Nadie quiere perder su asambleísta a pesar de que tenerlo no garantiza ni poder, ni influencia, tal como ha quedado demostrado. El actual reparto es técnicamente deficiente, algo que debería corregir el Tribunal Electoral tal como se hizo a nivel nacional, pues fue el órgano estatal técnicamente encargado de eso quien acabó por definir circunscripciones luego del censo de 2012, sin entrar en otras consideraciones políticas, sin embargo en Tarija el asunto pasa irremediablemente por la bancada del MAS.

Con la actual distribución d escaños, el MAS suma 16 curules, mayoría cualificada que se amplía a los dos tercios con la bancada indígena y el acuerdo con ISA, que tiene dos asambleístas por Villa Montes; en cualquier caso, el rodillo se ha aplicado para la elección de directivas y algún asunto sectorial, como el Prosol.

En cualquier caso, la amenaza más grave al sistema autonómico y a la unidad departamental ha pasado en este 2018 por la Ley del 45 por ciento, no tanto por su contenido sino por la forma en la que sus promotores la han tratado de imponer y la forma en que el Chaco lo ha tratado de frenar. También por el rol que han asumido aquellos llamados a ordenar el departamento.

La unidad departamental se logra en torno a proyectos y objetivos compartidos que beneficien a toda la comunidad, no con el cuarteamiento del presupuesto en pequeños montos, pero generosos para comunidades más pequeñas, y cuyo objetivo parecería ser eliminar la fiscalización y seguir alimentando sistemas prebendales que garanticen la reproducción del poder. El Gobierno nacional ha dado carpetazo al asunto recordando que el caso ya está regulado y no hay competencia para modificarlo, pero es necesario un cierre consensuado, en este y en todos los temas, para dar una solución sin vencedores ni vencidos, apegado a la norma, a la razón y que sobre todo, ponga por delante el interés departamental. En ese camino queda todavía mucho por construir.