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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 12 de diciembre de 2018
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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"Y en el ámbito económico, lo digo ya: el sentido fundamental de nuestra propuesta es: no podemos seguir con un rentismo que está haciéndole un profundo daño al país", afirmó el candidato liberal en declaraciones a la multimedia de El Deber, uno de los diarios más influyentes de Bolivia.
Tras la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en mayo de 2006, el gobierno del presidente izquierdista Evo Morales instituyó como la principal de sus políticas sociales el engrosamiento y sostenibilidad del pago del bono Dignidad, a más de un millón bolivianos mayores de 60 años.
Cada año desde 2007, poco más de 4 millones de educandos bolivianos cobran, hacia fines del año lectivo, un bono de 250 bolivianos (poco menos de 30 dólares) que ha hecho retroceder la deserción escolar hasta límites insospechados en un país, cuya economía ha crecido en los últimos 13 años casi 6 veces pero que aún se mantiene en el ámbito de las naciones en desarrollo.
La supresión de las rentas estatales, postulada por Mesa en caso de alcanzar el gobierno, afectaría también a las madres gestantes que recogen anualmente un bono, designado Juana Azurduy, igualmente de 250 bolivianos que se extiende hasta que su vástago cumpla 2 años. Esto implica también una canasta de productos de primera necesidad, basada en lácteos y proteínicos.
La ley financial boliviana de 2018 reservó un monto de 440 millones de bolivianos para financiar el bono Juancito Pinto; 3.919 millones para la Renta Dignidad; 156 millones para el bono Juana Azurduy; y 342 millones de bolivianos para garantizar el Subsidio Universal por la Vida.
La política anticipada por Mesa anularía la cobertura del bono a la Excelencia que se paga a bachilleres destacados y el bono a discapacitados.
La intención de voto a Mesa, expresidente del ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03), refugiado en EEUU acusado de genocidio y peculado y que en su primer gobierno privatizó los hidrocarburos entre otros sectores estratégicos bolivianos, oscila el 25 y35%, de acuerdo con diversos estudios demoscópicos privados, la mayor parte de ellos galvanizados por el diario Página Siete, según el también candidato y expresidente (1989-93) socialdemócrata, el octogenario Jaime Paz Zamora, el "laboratorio" donde se yergue la candidatura de Mesa.
Mesa dijo que se presentará a las elecciones primarias de fines de enero que viene para no servirle en bandeja la Presidencia boliviana a Morales, cuya popularidad no ha cedido, pese a los ataques de sus opositores, del renglón comprendido entre el 35 y 40%.
"No tiene ningún sentido llevar adelante una elección primaria, no debería haber elecciones primarias, pero participaré por una razón muy simple, no estoy dispuesto a regalarle a Evo Morales una pradera vacía para que su caballo llegue sin ningún rival a la Presidencia el año 2020 a 2025, no quiero ver a Morales otra vez presidente ilegal e inconstitucionalmente", declaró Mesa a El DEBER Radio.
El candidato que sucedió a Sánchez de Lozada en la Presidencia en medio de una sangrienta revuelta popular que le costó a la vida a 70 bolivianos y que dejó medio millar de heridos en las calles bolivianas opuestos a la exportación de gas a EEUU por y para Chile, ha sido criticado por su decisión de no nacionalizar en octubre de 2003 los hidrocarburos bolivianos, apropiados para el Estado tres años más tarde por Morales.
Mesa se dijo convencido de poder derrotar al gobernante indígena en las urnas.
"Estamos dispuestos a ganarles en la elección (...) Vamos a ganar esa elección, ese es nuestro objetivo", agregó.