La línea maestra a seguir durante todo este tiempo se definió en el primer momento. La Asamblea Constituyente se autocalificó como plenipotenciaria, originaria y fundacional (atributos incorrectos). En La Paz, una "estrategia envolvente" (trampa) resolvió el desacuerdo inicial con la oposición. "Quisieron hacerme trampa; yo les hice otra mejor". Según el acuerdo, el tiempo anterior a la nueva Constitución debía tomarse en cuenta, pero se desconoció el convenio. Funcionó la trampa.

La conquista de los dos tercios fue otro momento clave para la consecución del ansiado poder total; las manos para levantar bajo consigna nunca fallaron. "Tenemos el gobierno, pero no el poder". (Linera) En 2011, la asamblea seleccionó a los jueces y pese a que el soberano los reprobó, igual fueron posesionados. Bonita suena la frase: "Jueces elegidos por voto popular", pero fue una calamidad para la justicia y un mecanismo provechoso para el oficialismo. Porque eran dóciles, sumisos y obedientes; hicieron lo que se les ordenó que hicieran. La tarea de habilitar a los candidatos oficialistas para un tercer mandato fue cumplida. 

Más tarde, siguiendo el mal ejemplo de Venezuela y Nicaragua, el referéndum del 21 de febrero se planeó para modificar la CPE. Se logró que el TCP emitiera la sentencia constitucional basándose en un precepto ambiguo del Pacto de San José. De todas maneras, lo único que le correspondía al Tribunal Electoral era acatar la sentencia; de lo contrario, "se atendría a las consecuencias". Pero no se reparó en un detalle importante: la convención de Costa Rica ni ninguna otra norma en el mundo reconoce a nadie el derecho humano a ser dictador. La democracia establece periodicidad y alternancia en el cargo electivo. Los que no respetan esas normas son dictadores. Así de sencillo y claro.

Luego le tocó el zafarrancho al TSE. Dos de sus directivos renunciaron y un desbarajuste en el padrón electoral le colocó al borde del desastre. Culpó de esa situación a los partidos, y los partidos al Tribunal. En realidad, las primarias fueron una maniobra astuta del oficialismo para introducir por esa puerta falsa a sus candidatos. En los hechos, al inscribirse con tan ingenua diligencia, los partidos legalizaron el binomio oficialista. Y el TSE cumplió a cabalidad su cometido. 

Ahora solo hay una esperanza, que la indignación de la ciudadanía se traduzca, el día de las elecciones, en voto de repudio a las maniobras utilizadas por el oficialismo. Es inútil esperar que diga algo concreto y claro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; ella tiene su sede en otro planeta y requiere de años luz para pronunciarse.