El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la acción de inconstitucionalidad abstracta, presentada contra cuatro leyes que autorizan la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, y ahora los pobladores del sector, en coordinación con algunos legisladores, alistan una denuncia internacional.

"Se rechazó la acción abstracta de inconstitucionalidad sin ningún argumento de fondo", aseguró Fernando Campero Paz, senador de oposición y miembro de la plataforma "Unidos por Tariquía".

En julio, asambleístas de Tarija y comunarios presentaron ante el TCP el recurso judicial contra las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050 porque consideran que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE), los derechos de los indígenas y de la Madre Tierra.

La acción tenía el objetivo de frenar el ingreso de empresas petroleras a la reserva y en noviembre se conoció que sin el consentimiento de las comunidades, ni el cumplimiento de la consulta previa, el ministerio de Medio Ambiente y Agua entregó la licencia ambiental a YPFB Chaco para que desarrolle proyectos de exploración en Tariquía, Tarija.

"Esa medida se tomó sin la consulta previa, estipulada en la Constitución y en todas las normas vigentes, y (el TCP con su decisión) sólo muestra el carácter subordinado que tiene al régimen político", manifestó el asambleísta.

Ante este panorama, adelantó que se recurrirá a instancias internacionales, demandando el cumplimiento de tratados y convenios sobre pueblos indígenas, en los que se establece que el ingreso a territorios de los originarios debe ser de consentimiento libre, previo e informado.

En el mismo sentido, Paola Gareca, ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, dijo que al no encontrar justicia en el país, se recurrirá a otros mecanismos.

De acuerdo al cálculo de activistas, el ingreso de petroleras a la reserva provocará daño ecológico en una superficie de más de 136.277 hectáreas.