No conseguirán ni lo uno ni lo otro. Ni en el ámbito nacional ni en el internacional podrán convencer a la opinión pública que el voto de los militantes de un partido está por encima de un referéndum constitucional, convocado a iniciativa del oficialismo, en el que participamos el conjunto de los bolivianos y en el que ganó el No.

Respecto a la prematura electoralización, si bien pareció tener éxito en el inicio en la búsqueda de desplazar el 21F del debate público y mediático, solo lograron una victoria pírrica. El 21F ha vuelto con la fuerza de la indignación ciudadana, que no acepta que habiéndose llamado a votar al pueblo boliviano, no se respete su voto.

Simultáneamente, las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que llevaron a la renuncia de la anterior presidenta, considerada institucionalista, sumadas a la recomposición torpe y mediante leyes extraordinarias de los miembros del TSE para asegurar una mayoría sometida a los intereses del MAS, lo que les asegure la habilitación ilegítima de Morales y de García, han dejado en evidencia la falta de independencia de la Justicia y el control político sobre los tribunales, lo que profundiza la sensación ciudadana de que comenzamos a transitar los caminos de Nicaragua y Venezuela. Sin Justicia independiente no hay democracia, y es algo que la ciudadanía percibe y por lo cual protesta.

En el camino, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral ha sido destrozada y, por lo tanto, su institucionalidad golpeada en sus fundamentos. ¿De qué sirve un tribunal electoral que no genera confianza en la población? ¿Sobre qué bases se sostendrá el sistema democrático boliviano, si sus elecciones pierden confiabilidad y la Justicia independiente es una especie en extinción?

Este es el problema de fondo. Morales y García, en el afán de satisfacer sus ambiciones prorroguistas, están destruyendo los elementos que nos quedaban de la democracia, convirtiéndola básicamente en una combinación de elecciones sin Estado de derecho, y nos conducen hacia la ruptura del orden constitucional, es decir, un gobierno que se origina en las urnas pero que se aparta de la Constitución para lograr sus objetivos políticos y asegurar su permanencia en el poder, violentando los límites que le impone esa misma Constitución, llevando a la ciudadanía a un riesgoso escenario de confrontación social.

En este camino, las primarias no son el problema, sino la participación de Morales y de García en un proceso electoral en el cual están vetados por la Constitución y rechazados por la gente. Bolivia ya fue a las urnas y votó No. El MAS debe buscar otros candidatos, respetando la democracia, la Constitución y el voto de la gente.

Entretanto insistan con la habilitación de dos candidaturas inconstitucionales, la indignación de la gente crecerá, el Gobierno perderá toda legitimidad, aunque retenga el poder de la represión y de la persecución judicial, y Bolivia seguirá perdiendo con el enfrentamiento al que nos conducen las ambiciones prorroguistas de quienes temen perder el poder y tener que responder por los abusos cometidos durante ya 13 años.

De forma pacífica y democrática, debemos continuar protestando contra las ilegales habilitaciones de Morales y de García, hasta que saneemos nuestras elecciones de las candidaturas que las distorsionan y regeneremos nuestra Justicia, para que proteja los derechos humanos del pueblo frente a quienes ejercen el poder, y no, como quieren hacernos creer, que los derechos humanos son para proteger los intereses de los gobernantes frente al voto del pueblo.