El Tribunal Supremo Electoral (TSE) gastó 390,4 millones de bolivianos en cuatro procesos electorales “inútiles”, porque no tuvieron un resultado efectivo de optimización de políticas públicas, desarrollo o mejora en la calidad de vida, revela el estudio Bolivia: Despilfarro electoral a nombre del proceso de cambio, de Julio Linares y Jimmy Osorio.
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El oficialismo rechaza que haya un gasto inservible, dado que hoy las decisiones del país ya no son tomadas “entre cuatro paredes”, sino en las urnas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) gastó 390,4 millones de bolivianos en cuatro procesos electorales “inútiles”, porque no tuvieron un resultado efectivo de optimización de políticas públicas, desarrollo o mejora en la calidad de vida, revela el estudio Bolivia: Despilfarro electoral a nombre del proceso de cambio, de Julio Linares y Jimmy Osorio.
Para el oficialismo, “ese es el precio que se paga” para tener una sociedad democrática y más participativa en la toma de decisiones.
Entre los procesos electorales que el estudio cataloga como “inútiles” están las dos elecciones de jueces y magistrados, de 2011 y 2017, en las que prevaleció el voto “nulo”. Ese resultado provocó que se elija a autoridades judiciales “sin ninguna legitimidad”. A ello se debe sumar -establece el estudio- que los candidatos a altos cargos judiciales fueron seleccionados en el Legislativo, donde el MAS tiene amplia mayoría.
Otro proceso electoral “inútil” -se lee en el documento- es el referendo por los estatutos autonómicos, que se realizó en 2015 en cinco departamentos. Son etiquetados de esa forma debido a que -establece el estudio- “el gran ganador fue la opción No, muestra del pobre estado de evolución de la autonomía en el país, lleno de contradicciones e hipercentralizado”.
Por último está el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría dijo No a la reelección. Fue una elección “inútil” -dice el informe- porque el resultado “fue desconocido” por el TSE al habilitar al binomio Evo-Álvaro, “desperdiciando 156 millones de bolivianos”.
“En total son 390,4 millones de bolivianos, alrededor de 56 millones de dólares despilfarrados por el Estado en procesos sin ningún beneficio a la población y que podrían haber sido utilizados en inversión social en áreas como salud y educación”, se lee en el estudio.
Frente a esos datos, el diputado del MAS Lino Cárdenas sostuvo que “ese es el precio que se paga” para tener una sociedad participativa y democrática. “La ampliación de la democracia no se la mide por cuánto de planta se gastará. No está sujeta al dinero”, dijo.
El diputado Edgar Montaño, su colega, rechazó que haya “un gasto inútil”, porque ahora las decisiones ya no se las toma entre cuatro paredes, sino que es el pueblo el que decide en las urnas.
En enero de 2019 se llevarán adelante las primarias en las que participarán binomios “únicos” en cada partido. “Se gastará 27 millones de bolivianos, lo que incrementará el derroche electoral”, se lee en el informe.
Proceso electoral
Comicios El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) organizó y administró siete procesos electorales entre el 2010 y el 2018, dos elecciones subnacionales, una general, dos elecciones judiciales y una de Reforma Constitucional (21F) y un referendo de Estatutos Autonómicos, que le costaron al Estado más de 670 millones de bolivianos; es decir, 96,4 millones de dólares.
Norma La Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2009, convirtió al OEP en el cuarto órgano de poder público de Bolivia, con igual jerarquía constitucional a la de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con autonomía funcional, como parte del nuevo diseño institucional del Estado Plurinacional.
