La administración del Estado boliviano siempre ha sido complicada porque se trata de conseguir la mayor concentración de poder, de recursos y de atribuciones y repartir de la mejor forma, en medio de una escasez patológica que siempre ha necesitado de la cooperación internacional, incluso para pagar los sueldos de los maestros, tal como lo suele repetir el presidente Morales, quien se ufana de haber solucionado este problema, cosa que es absolutamente errónea.

Los problemas administrativos son estructurales, recurrentes e imposibles de resolver porque en realidad el Estado boliviano está mal diseñado. No solo es excesivamente centralista, sino que tiene apenas una o dos fuentes de dinamización de la economía, tradicionalmente la minería que iniciaron los españoles y que nadie ha sabido llevarla a otro nivel, y últimamente el gas natural. Para resumirlo, nacimos monoproductores y desde hace 500 años somos primario exportadores y ningún gobierno ha sido capaz de cambiar esta lamentable historia que nos mantiene condenados a la ingobernabilidad de por vida, tal como sucede en una familia donde no alcanza el sueldo o se gasta más de lo que ingresa.

En Bolivia existe una gran porción de la población que vive de la política, es decir, de organizarse para presionar al Estado y conseguir ventajas que le permitan sobrevivir en medio de la falta de oportunidades, de mercados y medios de subsistencia. El presidente Morales, que muchas veces se ha definido como un “bloqueador profesional”, es precisamente el mejor ejemplo de un grupo que, sin importar la polémica causa de la coca del Chapare, ha llegado a adueñarse del Estado y lo quiere hacer para siempre porque cree que tiene la fórmula para controlar esta lógica perversa.

Es verdad que lo hacen bien, es decir, saben administrar mejor que nadie la inmensa red clientelar, el prebendalismo y el tejido de privilegios que han creado para mantener la sensación de gobernabilidad. Han centralizado más que nadie y “volantean” el dinero generosamente entre los sectores tradicionalmente más amenazantes y mejor organizados para derrocar gobiernos. Se suponía que con tanto poder y con tantos recursos, el “proceso de cambio” debía cambiar el círculo vicioso boliviano, pero prefirieron no solo dejarlo así, sino que agudizaron las fallas del modelo. El grave problema será seguir siendo buenos administradores cuando la plata no alcance para mantener a todos tranquilos.

El proceso de cambio sabe administrar mejor que nadie la inmensa red clientelar, el prebendalismo y el tejido de privilegios que han creado para mantener la sensación de gobernabilidad.