Con la aprobación abusiva e ilegal de la candidatura Evo Morales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se consolida el carácter autoritario del régimen, pero, al mismo tiempo, se amplía el rechazo de buena parte la ciudadanía y aumenta la pérdida de la legitimidad del Gobierno. A la actual administración le quedan pocas fuentes de apoyo social, está exiliado en su voto duro, arrinconado en la prepotencia, es un zombi político que busca en los resultados económicos sangre nueva para sobrevivir.

Arrinconado en sus fracasos políticos, el nacional populismo apela a la emoción y al sentimentalismo para defenderse y se agazapa en el autoritarismo. En tanto, el terreno social y político es ahora más pantanoso e incierto. La creación o relanzamiento de enemigos internos y externos es cada vez menos creíble. La violación de la Constitución es un grave error político. Son pocos los soportes racionales que habilitan las acciones del Gobierno. En este contexto, ¿cuánto hay de verdad o propaganda en el Evoeconomics? ¿Podrá el evoeconomics salvar el proyecto político? ¿O estamos frente a un ídolo de barro?

La propaganda oficialista se concentra en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que según el Gobierno, es uno de sus logros más importantes. Se repite hasta el cansancio que registramos el mejor resultado de América Latina. En 12 años de gestión, el PIB creció en promedio a una tasa cercana al 5 por ciento gracias a la bonanza inédita del sector externo, debido a los fabulosos precios de las materias primas, y cuando este ciclo acabó, en 2015, en base a una fuerte sustentación de la demanda interna, apoyada en la inversión y gasto público. Pero cabe recordar que desde 2013 el crecimiento del PIB es cada vez menor, se registra una desaceleración de la economía, lo que muestra la gradual inefectividad de las políticas macroeconómicas. Aunque el crecimiento económico en 2018 sería superior al 4,5 por ciento, existen dudas razonables sobre la probidad del resultado. Gremios empresariales y analistas sospechan que los datos están cocinados. Ésta es la jerga en la profesión de los economistas para referirse a la manipulación política de la información.

En efecto, en 2013, el PIB llegó a 6,8 por ciento. En 2014, el crecimiento fue de 5,5 por ciento. Un año más tarde, 2015, una vez más el aparato productivo boliviano redujo el ritmo de su crecimiento a 4,9 por ciento. En 2016 el incremento tan sólo fue de 4,3 por ciento. El frenazo continuó en 2017, con 4 por ciento. Y sorprendentemente, la tasa de crecimiento volvió a ser superior al 4,5 por ciento.

Aun aceptamos que el crecimiento esté sanamente medido y no se hayan torturado los datos como se atropelló la Constitución en el caso de la reelección, el crecimiento tiene varios cuestionamientos y, sobre todo, sus bases son insostenibles. El déficit público es superior al 7 por ciento del PIB, y esta anomalía fiscal se mantiene por cinco años consecutivos. También son tres años de desajuste comercial (importaciones mayores que las exportaciones), la deuda externa e interna creció significativamente en los últimos 12 años y representa más del 40 por ciento del PIB. Asimismo, se han perdido 7 mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (éstas bajaron de cerca de 15 mil millones de dólares a un poco más de 8 mil millones). Otro problema es que el tipo de cambio real está apreciado (entorno del 26 por ciento según el FMI), lo que hace perder competitividad a las exportaciones no tradicionales y perjudica a la industria nacional, debido a la competencia desleal de las importaciones legales e ilegales. Finalmente, y no por eso menos importante, los gastos e inversiones públicas son ineficientes. Visto desde una perspectiva estructural, el crecimiento económico tiene pies de barro.

Concentrémonos en estas últimas variables que son elementos centrales en la demanda doméstica que sostiene el crecimiento. El gasto público corriente sigue elevado y superfluo: propaganda, empleo público excesivo, salarios de las burócratas elevados. Asimismo, la inversión pública es poco efectiva, pues aumento significativamente, entre 2013 y 2017 pasó de 4.600 a 7.000 millones de dólares, pero, paradójicamente, el crecimiento del PIB fue, año tras año, menor, como vimos anteriormente. Esto muestra dos cosas: i) la insostenibilidad financiera de mediano plazo de estas políticas públicas y ii) los límites estructurales del modelo económico estatista primario exportador.

Desde una perspectiva de cortísimo plazo, el Gobierno seguirá buscando oxígeno político en el desempeño económico. En 2019, ciertamente, el Gobierno echará la casa por la ventana en materia de gastos e inversiones públicas, con el objetivo de ganar las elecciones a cualquier costa. Pero el futuro está hipotecado porque, desde una perspectiva estructural, se perdió una gran oportunidad para diversificar el aparato productivo, teniendo 60 mil millones de dólares adicionales de ingresos y en un mediano plazo, los costos de mantener la burbuja de consumo son muy elevados.

En 2020, o los santos de los recursos naturales hacen otro milagro y ayudan a recuperar significativamente los precios de la materias primas, o el gobernante de la oposición en el poder deberá realizar ajustes en la economía si no se quiere enfrentar una crisis económica de magnitud.

Ésta es mi última columna de 2018. Como todos los años hago una pausa hasta enero. Se avecina un periodo difícil. Les deseo felices fiestas. La tarea será recuperar la democracia y seguir en lucha por país más productivo y justo socialmente.

El autor es Economista