Durante la gestión en curso fue “más visible” la violación a los derechos políticos, según un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

 “Lo más visible de la gestión que concluye (2018) es la violación de los derechos políticos”, se lee  en el reporte  de la APDHB.  Las acciones fueron cometidas –se agrega en el texto– desde el Gobierno y otras instancias estatales. 

En el documento se subraya, entre otros detalles,  que   con la sentencia de la reelección del  Tribunal Constitucional –emitida en noviembre de 2017– y con  la resolución reciente del  Tribunal   Supremo Electoral (TSE), que  habilita al binomio Evo-Álvaro  para las primarias, se violan derechos políticos. 
 
 “Con estos dos actos, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se violaron y se violan derechos políticos de la mayoría de los electores bolivianos”, concluye el informe, suscrito por  Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB.  

 Ayer, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), también presentó su informe,  junto a la APDHB. Esta institución sostiene, en su documento,   que este año  el Estado mantuvo una “tendencia vulneratoria” al derecho a la libertad de expresión.

La directora de Unitas, Susana Eróstegui,  expresó  que entre “las víctimas” están medios de comunicación y sectores como los cocaleros de los Yungas. “Algunas de las víctima de estas prácticas (estigmatización de personas u organizaciones) fueron los periódicos Correo del Sur, Página Siete y Los Tiempos, dirigentes cocaleros de Los Yungas y la Plataforma Ciudadana 21F”, se lee en el reporte. 

En varias ocasiones, según el documento, “altas autoridades públicas han descalificado las opiniones, los cargos, el trabajo y las capacidades de medios de prensa, instituciones, organizaciones políticas y plataformas ciudadanas, menoscabando su derecho a  impartir información y opiniones”. 

Eróstegui detalló que entre los actos de censura que se dieron está “la clausura temporal” de la radio Gran Chaco en Yacuiba, “la sugerencia del presidente Morales a los pobladores de los Yungas para que prohíban el ingreso de cualquier grupo opositor”.

El informe  indica que el anunciado proyecto de ley para sancionar la mentira, “o el más reciente para acceder sin  orden judicial a información de llamadas telefónicas y controlar las redes sociales” revelan una tendencia que menoscaba la libertad de expresión.