A partir de este lunes, corre el plazo de 72 horas que dieron comités cívicos de la oposición a los miembros del TSE para renunciar o inhabilitar al binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, caso contrario declararán una huelga indefinida en la antesala de las elecciones primarias y generales de 2019.

Los detractores de Morales también convocaron a la población a la desobediencia civil y desconocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que hace un año declaró legitimó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

La oposición sostiene que el 21 de febrero del 2016 un referéndum rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente, sin embargo, la anterior semana el TSE habilitó al binomio Morales-García Linera en respeto al fallo del TCP y la CPE.

"Hoy la democracia está más fuerte que nunca, aunque la derecha trate de hacer creer lo contrario", resaltó Morales en un mensaje en Twitter.

El binomio del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) cuenta con un fuerte respaldo de los sectores populares y organizaciones sociales del país, mientras que la oposición fracasó en su intento de formar un bloque único para encarar los próximos comicios.

El TSE habilitó también a siete binomios de partidos políticos de la oposición para las inéditas elecciones primarias del 27 de enero de 2019, proceso previo a los comicios generales previstos para octubre del mismo año.

Para los opositores las primarias están por demás, pero el Gobierno sostiene que ese proceso sin precedentes profundiza la democracia boliviana porque los militantes de las organizaciones políticas son en definitiva quienes elegirán a sus candidatos y ya no los dueños de los partidos.

En ese contexto, la temperatura electoral se calienta en el país, pero el Gobierno dejó en claro que no hay un clima de conflictividad social sobre Bolivia como pretende mostrar la oposición, que recurrió a instancias y dirigentes políticos foráneos en su campaña contra Morales.

Es así que una veintena de expresidentes demandaron a los Gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea mantenerse "vigilantes" y disponer de las "medidas preventivas necesarias" ante lo que consideraron la "ruptura del orden constitucional y democrático" en Bolivia a raíz de la repostulación de Evo Morales.

"Declaración sobre Bolivia". Así titula el documento suscrito por los exjefes de Estado miembros de la denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), de la que es miembro el opositor Jorge Quiroga, informó el diario La Razón.

El Gobierno alertó que la derecha emprendió una campaña de desprestigio contra Morales con el objetivo de anularlo políticamente y volver al Estado neoliberal, racista, entreguista y separatista.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al menos 43 actores políticos, entre líderes de la oposición, dirigentes cívicos y activistas por el 21F promueven la violencia y la confrontación entre bolivianos.

"La derecha boliviana no tiene ni una sola propuesta, por eso recurre a la violencia y a la mentira. Pero no es que no tiene propuesta ahora, no tuvo propuesta nunca (...). ¿Qué hacían ellos cuando gobernaban? Solamente se sentaban en la administración pública, aprobaban las medidas de la privatización y dejaban todo el manejo de la economía y el manejo de los bolivianos en función de la transnacional extranjero", dijo el domingo en una entrevista con medios estatales.

Para el Gobierno, los "herederos" políticos de las dictaduras representan hoy una amenaza para el bienestar del país, pero subrayó que Bolivia vive una democracia tan plena y sin restricción que incluso aquellos políticos que "pactaron alianzas con genocidas" hoy pueden buscar la silla presidencial.

Entre los candidatos habilitados por el TSE están Carlos Mesa y Víctor Hugo Cárdenas, vinculados al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, impulsor de la privatización de empresas estatales y recursos naturales de Bolivia, de donde fugó en el 2003 acusado por la masacre de 'Octubre Negro'.

También está habilitado el expresidente Jaime Paz Zamora, acusado de proteger al narcotráfico durante su gobierno (1989-93) y quien ahora planteó cambiar la Constitución del Estado Plurinacional y la instauración de una "república federal".