Por "instrucción del Presidente Morales, hemos mandado equipos de investigadores de élite y ya están identificadas las personas responsables materiales de la muerte de esta ciudadana" en Riberalta, departamento del Beni, dijo Romero al canal estatal, sin dar los nombres de los acusados.

En el paro cívico falleció Suleydi Estivariz (52) al caer y golpearse la cabeza en medio de una discusión desatada entre personas que no querían cerrar sus negocios y mototaxistas que estaban movilizados en Riberalta para obligar a los vecinos a acatar la medida de presión.

"Ahora estas personas (identificadas) tendrán que señalar quiénes son los responsables intelectuales, quiénes les han pagado, quiénes les han mandado a golpear a ciudadanos hasta provocar una muerte", afirmó.

La autoridad indicó que el tema se está tratando en los organismos judiciales y no es un tema político porque "no vayan a decir luego que es persecución política".

"Una muerte es el delito más grave existente a nivel de nuestra legislación nacional e internacional, porque el valor más sagrado es el derecho a la vida, nada puede quitar la vida a nadie", aseveró.

Agregó que la política no puede ser un pretexto para encubrir acciones de "choque, matonaje y de asesinato". 

"Lo que sucedió en Riberalta es un asesinato y me sorprende el voto resolutivo de los comités cívicos, que se leyó el viernes, y dicen que brindan toda su solidaridad a los activistas de esa ciudad. Es decir, los comités cívicos se solidarizan con quienes han dado la muerte a una persona", cuestionó.

Subrayó que esta es la democracia que postula la "derecha fascista" y moviliza a grupos de choque para obligar a cerrar comercios. Sin embargo, "la democracia es tolerar las ideas diferentes, la democracia no es obligar a palos a alguien a acatar una decisión política, en este caso un paro cívico", insistió.

Los cívicos, plataformas ciudadanas y otros sectores del país realizaron el 6 de diciembre un paro de actividades, que terminó en hechos de violencia, en demanda del respeto al voto emitido en el referendo del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva postulación de Morales a la presidencia y ahora el oficialismo no respeta esa decisión.