“La política de ninguna manera puede ser pretexto para encubrir acciones de choque, de matonaje, de asesinato. Lo que ha sucedido en Riberalta es un asesinato, el asesinato de una ciudadana trabajadora, humilde, de una compatriota boliviana”, dijo en una entrevista con medios estatales.

En la víspera, Suleydi Estívariz, la mujer de 56 años que murió por oponerse al paro convocado por opositores al Gobierno, fue sepultada en medio de muestras de dolor y pedidos de justicia.

Romero que los comités cívicos y dirigentes políticos de la oposición recurrieron a grupos de choque pagados para obligar a acatar un paro ante la nula respuesta de ciudadana que apoya al Gobierno de Morales y su reelección en los comicios de 2019.

“Eso es lo que se ha hecho en el caso de Riberalta, se ha armado un grupo de choque en motocicletas para que se dirijan a diferentes puntos de la ciudad y vayan a obligar, por la vía de la coacción, de la fuerza de la violencia física y psicológica, a las personas a cerrar sus negocios, a irse a sus casas, a dejar de hacer sus trámites, a dejar de concurrir a los bancos, a los mercados, a los restaurantes, a los servicios, a las entidades públicas”, denunció, respaldado con videos y fotografías que grafican la jornada de violencia vivida el anterior jueves en esa población del Beni.

Romero dejó establecido que democracia es tolerar las ideas y no obligar a alguien a acatar un paro político “a palos” y a quien se resista “dar fin con su vida”.

“Se quitaron su disfraz y se presentan como lo que son: racistas, violentos, intolerantes, antidemocráticos, enemigos de las instituciones del Estado, enemigos de quienes tienen rasgo indígena o mestizo”, manifestó.

El ministro también deploró las “tremendas agresiones” de las autodenominadas plataformas ciudadanas 21F que atacaron a los policías que custodiaban el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con instrumentos punzo cortantes, palos, fierros, piedras, adoquines y otros instrumentos contundentes de alta potencia.

LA PAZ/